El Gobierno anunció ayer una batería de medidas para frenar la subida en el recibo de la luz. Entre ellas, quizás la más polémica es la obligación de que las compañías eléctricas devuelvan parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan.
El Ejecutivo estima este importe entre 2.500 y 2.600 millones de euros a pesar de que solo se mantendrá hasta marzo de 2022, momento en el que se espera que concluya el actual rally en el precio del gas. Además, el texto limita el efecto en las comercializadoras, ya que solo tendrán en cuenta los beneficios por encima de los 20 euros/MWh -que es el precio medio del gas en los últimos años- y solo se detraerá el 90% de los ingresos extraordinarios.
Durante estos seis meses, el sistema calculará cuál es el importe que el resto de energías más baratas asumen de la energía más cara, es decir, del gas, y las compañías eléctricas lo tendrán que devolver a un fondo gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo encargado de trasladar este recurso financiero adicional a la factura de la luz para reducir cargos.
Los analistas cuantifican el impacto
Estos 2.600 millones de euros son “un impacto peor al previamente estimado”, señala Ángel Pérez, analista de Renta 4, en una nota. Además, “es difícil de cuantificar en cuanto a la cuenta de resultados y la generación de caja (y por ende en la política de dividendos), ya que no se especifica el periodo de aplicación y que está basado en el precio actual del gas”.
En principio, “la más afectada a nivel proporcional previsiblemente sería Endesa por su mayor peso de España frente a Iberdrola y Naturgy”. Aunque “Iberdrola creemos que sería la más afectada a nivel absoluto por su mayor cuota de mercado en estas tecnologías, su alto grado de diversificación geográfica creemos que diluiría significativamente este efecto, siendo la menos afectada a nivel proporcional”.
Un segundo aspecto que señala Pérez es el “impacto a nivel reputacional para el país y el sector”, ya que “no se ha terminado de especificar los detalles de aplicación de esta nueva normativa y todo este proceso genera un elevado grado de incertidumbre de cara a los impactos en las compañías”.
En términos similares se expresa Aránzazu Bueno, analista de Bankinter, que destaca que las “malas noticias” para las eléctricas no vienen solo por el impacto negativo directo sobre el valor de las compañías, sino también porque “ponen de manifiesto la incertidumbre regulatoria a la que está expuesto el sector”. “A pesar de que el ámbito del real decreto es sólo temporal, supone un cambio regulatorio con efecto negativo en la seguridad jurídica”.
Bankinter estima que de los 2.600 millones de euros de impacto directo, 1.221 millones corresponderían a Iberdrola, 976 millones a Endesa, 188 millones a Naturgy, 144 millones a Acciona y 71 millones a EDP. No obstante, en relación a su capitalización bursátil, el impacto mayor es para Endesa (4,7% sobre su capitalización de 20.550 millones de euros), seguido de Iberdrola (1,9% sobre 64.170 millones), Acciona (1,4% sobre 10.207 millones), Naturgy (0,9% sobre 21.176 millones) y finalmente EDP (0,4% sobre 10.127 millones).
Reacción en bolsa
Las eléctricas del Ibex 35 proseguían hoy su duro castigo en bolsa tras los retrocesos registrados ayer. Una vez más los mayores descensos eran para Endesa, de un 6,39% después de que ayer se dejase ya más de un 5%. Iberdrola bajaba un 5,7% finalmente mientras que Naturgy apenas cedía un 0,41%. No obstante, en el caso de esta última el proceso de OPA lanzada por IFM puede estar sirviendo de amortiguador para los descensos.
