El Gobierno ha aprobado una serie de “medidas sociales, ambientales y fiscales” para abaratar el recibo de la luz, ha señalado Ribera, que ha prometido “seriedad” para cumplir tanto con la normativa española como en la europea. “La capacidad de actuación del Gobierno es limitada”, ha reconocido la ministra, ya que no puede afectar a los precios récord que se están alcanzando en el mercado mayorista por los precios del gas y de los derechos de CO2.
Aun así, este “plan de choque supondrá una “rebaja del 22% mensual hasta el final de año” a partir de septiembre, cifra que se eleva al 30% “si se suma el efecto de la congelación fiscal” aprobado a mediados de junio. “Son cálculos prudentes”, ha asegurado la vicepresidenta tercera, que ha reflexionado que la situación actual “no debe afectar a los consumidores o la actividad económica en un momento tan sensible como es la recuperación económica”.
Beneficios extraordinarios
En primer lugar, las compañías eléctricas deberán devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan. Ribera estima este importe en unos 2.500 millones de euros “no retribuidos”, si bien ha asegurado que el texto aprobado hoy es respetuoso con la “rentabilidad” de las empresas del sector.
“Confío en que entiendan que son medidas excepcionales en momentos excepcionales”, ha añadido la vicepresidenta al ser preguntada por la posible reacción de las eléctricas. “Son medidas temporales”, ha añadido. En concreto, esta medida solo se mantendrá hasta marzo de 2022, momento en el que el Gobierno espera que concluya el actual rally en el precio del gas.
Además, el texto limita el efecto que esta medida tendrá en las comercializadoras, ya que solo tendrán en cuenta los beneficios por encima de los 20 euros/MWh -que es el precio medio del gas en los últimos años- y solo se detraerá el 90% de los ingresos extraordinarios.
Durante estos seis meses, el sistema calculará cuál es el importe que el resto de energías más baratas asumen de la energía más cara, es decir, del gas, y las compañías eléctricas lo tendrán que devolver a un fondo gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo encargado de trasladar este recurso financiero adicional a la factura de la luz para reducir cargos.
Impuestos
La batería de medidas actuará también en materia fiscal, con una rebaja al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad -actualmente en el 5,1%-, que es el mínimo permitido por la regulación comunitaria. Al ser un impuesto cedido a las comunidades autónomas, el Ejecutivo analizará el impacto sobre los recursos de financiación autonómica para ver si es necesaria la aplicación de medidas compensatorias.
Asimismo, el real decreto prolonga hasta fin de año la suspensión del Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que normalmente grava con un 7% a la generación, y se ha aumentado en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico, hasta los 2.000 millones durante el ejercicio.
Otra de las medidas será fijar la tarifa regulada de gas natural con un tope de alrededor del 5% durante cada uno de los dos siguientes trimestres. Además, se incentivarán las subastas de compra de energía a largo plazo, un mercado que está sin desarrollar en España. El Ministerio aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año. Los “operadores dominantes”, ha señalado Ribera en referencia a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, ofertarán 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.
Medidas medioambientales y sociales
También se actuará en el terreno del medioambiente, después de que durante el verano se viesen imágenes de embalses vacíos por la rentabilidad que suponía el uso de la energía hidroeléctrica. Así, las confederaciones hidrográficas aplicarán criterios de “uso racional” del agua embalsada, con un “régimen mínimo y máximo de caudales a desembalsar”.
Por otro lado, el Gobierno ha aprobado “un suministro mínimo vital” para consumidores vulnerables con Bono Social Eléctrico que permitirá extender durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes la prohibición de interrumpir el servicio por impago, garantizando una potencia mínima de 3,5 kW durante ese periodo.
