Las patronales afirman, a través de un comunicado, que la decisión del Ejecutivo no atiende la obligación de revisar, a los dos años, el gravamen temporal contenida en la ley que lo creó en función, entre otros factores, de la situación del sector en ese momento y del efecto acumulativo de dicho gravamen junto con el impuesto sobre sociedades.
Además, recuerda que esta extensión «se produce sin que los tribunales se hayan pronunciado todavía sobre los recursos presentados por las asociaciones bancarias».
Ambas patronales insisten en rechazar el gravamen al sector por tener «efectos negativos» sobre la generación de nuevo crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera, en un contexto de «incertidumbre económica internacional».
Además, tanto AEB como CECA creen que la decisión de extender el gravamen afecta «negativamente» a la competitividad del sector bancario y a la confianza en el país, dado que los inversores «demandan estabilidad jurídica, previsibilidad de las normas y transparencia».
Recuerdan, asimismo, que el Banco Central Europeo (BCE) ha advertido también sobre los potenciales efectos negativos de este tipo de gravamen.
AEB y CECA aseguran que el sector bancario «seguirá trabajando» para «dar soluciones a sus clientes» y reforzar su compromiso con la sociedad, recordando en este sentido las mejoras en la atención personalizada a los mayores, la inclusión financiera en la España rural y la ampliación del Código de Buenas Prácticas hipotecarias.
Conviene recordar que los dos gravámenes, tanto para las energéticas como para la banca, fueron adoptados de forma temporal a finales de 2022 para su liquidación en 2023 y 2024 sobre los ingresos obtenidos en 2022 y en 2023 por la banca (vía comisiones) y por las empresas energéticas.
En el caso del impuesto temporal a la banca, se grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturen más de 800 millones con la actividad que las entidades desarrollen en España.
Sin embargo, Sánchez ha explicado hoy, tras el último Consejo de Ministros del año, que se ha aprobado la prórroga por un año más de los gravámenes, lo que supone gravar los ingresos obtenidos en 2024 para recaudarlo en 2025. Además, ha avanzado la intención de hacer permanente ambos tributos.
El sector bancario ha rechazado esta figura desde su anuncio en julio de 2022 y ya lo ha llevado a los tribunales. Por un lado, las dos patronales interpusieron sendos recursos ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda por la que se aprobaron los modelos de declaración del gravamen y el pago anticipado del nuevo gravamen temporal a la banca. Por su parte, las entidades recurrieron la liquidación del impuesto de forma individual.
En total, Hacienda ha recaudado 2.900 millones de euros en 2023 con los impuestos a energéticas y la banca, de los que 1.263 han procedido del sector financiero.
