www.elboletin.com
Edición testing    17 de enero de 2021

Vivienda Social

Vivienda

El Ayuntamiento de Madrid estudia completar la adquisición de otros 10 inmuebles de Sareb de cara a 2021.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha firmado la venta de 82 viviendas para fines sociales a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

Vivienda social

Las 108 viviendas compradas forman parte de las 300 que la sociedad cedió al ayuntamiento en 2016.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha vendido al Ayuntamiento de Madrid un total de 108 viviendas en la que es la mayor operación de este tipo realizada por el denominado ‘banco malo’ con un consistorio.

VIvienda

El parque de vivienda social de titularidad pública existente en España está situado en el entorno de las 290.000 viviendas sociales.

El parque de vivienda social de titularidad pública existente en España está situado en el entorno de las 290.000 viviendas sociales, según se recoge en el Boletín Especial del Observatorio de Vivienda y Suelo presentado este jueves por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Madrid

En los últimos cuatro años, la Comunidad de Madrid ha entregado 961 viviendas de obras nuevas. Ahora la candidata del PP promete la construcción de 25.000 pisos para alquiler.

Isabel Díaz Ayuso ha puesto sobre la mesa un número: 25.000 nuevas viviendas para alquiler social. La candidata del PP a la Comunidad de Madrid ha prometido este lunes que si se convierte en la nueva presidenta madrileña se construirá esta cifra de pisos para ofertarlas en alquiler a jóvenes y familias en función del nivel de renta y atendiendo a si tienen hijos y cuántos.

Vivienda

La agencia de vivienda de la capital acusa a la de la región de "deslealtad institucional" y recuerda que es la Comunidad la responsable en esta materia.

El antiguo Ivima de la Comunidad de Madrid, actualmente Agencia de la Vivienda Social, tiene casi 600 viviendas públicas vacías en una región en la que más de 3.400 personas con todos los requisitos para acceder a un piso de público están en la lista de espera.

Impuestos

La tasa gravará con 275 dólares anuales por empleado a todas las compañías que facturen más de 20 millones de dólares. Hay cerca de 12.000 personas sin hogar en la ciudad.

La ciudad de Seattle ha dado luz verde a un impuesto a las grandes empresas, en función de su cifra de empleados, cuya recaudación se utilizará para financiar proyectos de vivienda social y servicios de atención para las personas sin hogar. La medida ha enfurecido a compañías como Amazon y Starbucks.

Vivienda

Al cierre de 2017 había 21.958 solicitudes para acceder una vivienda con precio regulado en la capital.

El Ayuntamiento de Madrid aún no tiene datos para medir el impacto de la burbuja del alquiler en la vulnerabilidad social y económica de sus vecinos pero solo en lo que llevamos de año casi 2.500 personas han solicitado acceder a una vivienda social en la capital y hasta finales de 2017 se habían recibido 21.958 solicitudes.

Vivienda pública

El Ayuntamiento denuncia que el dictamen de la Comisión Jurídica de la región bloquea una de las vías del equipo de Carmena para que revertir la operación.

La Comunidad de Madrid rechaza revisar la venta de más de 1.800 pisos del Ayuntamiento de la capital a fondos de inversión en la época de Ana Botella. El equipo de Manuela Carmena inició los trámites para recuperar las 18 promociones de viviendas sociales vendidas en 2013 y uno de esos trámites es el dictamen vinculante de la Comisión Jurídica Asesora de la región. El Ayuntamiento informa ahora de que este órgano considera que “no procede la revisión de oficio para declarar la nulidad de la venta”.

Vivienda

La Comisión de Justicia aprueba la proposición de ley que acelerará el proceso para poner fin a la ocupación ilegal de una vivienda.

PP, Ciudadanos, PDECAT y PNV han unido sus fuerzas para sacar adelante una proposición de ley que acelera el proceso de desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente. La propuesta ha sido aprobada por un solo voto de diferencia, ya que el PSOE finalmente ha votado en contra junto a Podemos y ERC.

Vivienda

La coordinadora que agrupa los 300.000 afectados que existen en toda España recuerda al Gobierno que sí tiene dinero para los funcionarios y para las autopistas de peaje.

La plataforma que agrupa a las más de 300.000 personas que vieron como el Gobierno de Mariano Rajoy surpimiría en 2012 las ayudas económicas que recibían para pagar las hipotecas de sus Viviendas de Protección Oficial (VPO) no quieren ser menos que los funcionarios –que han recuperado su paga extra. Los damniificados por estos recortes piden que Fomente les 'rescate' como a las autopistas y que se recuperen paulatinamente dichas subvenciones.

Vivienda

Solo Portugal y los países del Este de la UE cuentan con menos vivienda de apoyo público que España, donde solo el 2,5% de todos los hogares son viviendas sociales.

La vivienda es el mayor gasto único para los europeos: se queda con una cuarta parte del presupuesto de los hogares, de media, según datos de 2015. En el año 2000 este porcentaje era del 21,7% del gasto familiar. España es el país europeo donde más aumentó el gasto que los hogares destinan a pagar vivienda, electricidad y agua en los últimos 10 años, pasando del 17,4% de su presupuesto total en 2005 hasta el 23% de una década después.

Comunidad de Madrid

La presidenta regional contraataca y califica de "pésima" la política de vivienda social de Manuela Carmena.

El portavoz adjunto de Podemos en la Asamblea de Madrid, Marco Candela, ha acusado hoy al Gobierno de Cristina Cifuentes de “incumplir sus obligaciones humanitarias” en materia de vivienda al no haber adoptado un dictamen de la ONU sobre una alternativa a un desahucio. Y lo dijo en referencia a un dictamen en el que expertos independientes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU alertaban de que España violó el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores que fue desahuciada en 2013 de la habitación donde vivían en Madrid, sin que se les proporcionara vivienda alternativa.

Madrid

Causapié recuerda que acordó con Ahora Madrid levantar 4.000 viviendas pero el Ayuntamiento solo ha adjudicado la construcción de una cuarta parte.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, explicó ayer que uno de los pilares para la colaboración con Ahora Madrid en el nuevo curso político pasará por una “política de vivienda municipal efectiva que satisfaga la gran demanda de alojamientos sociales” de la capital.

Vivienda

Un estudio del Institut Cerdà exige la implicación de todos los agentes para resolver el problema aunque resalta que “solo una de cada cuatro ocupaciones ilegales son conflictivas”.

“Actualmente se estima que existen más de 87.500 familias ocupando viviendas en España, una cifra que equivale a 262.500 personas”, según desprende de un estudio realizado por el Institut Cerdà, que sostiene que el “principal motivo de estas cifras de ocupación viene dado por el déficit de parque dedicado a vivienda social”, poniendo como ejemplo que “tan sólo en Cataluña, las necesidades de vivienda social se estiman en 230.000 unidades”.

Según el primer informe sobre este tema realizado por dicha fundación privada sobre que se titula ‘La ocupación ilegal: realidad social, urbana y económica...un problema que necesita solución’: la ocupación ilegal ha trascendido a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social y proliferan otros colectivos.

Tal y como explica el Institut Cerdá en su web “el principal motivo de estas cifras de ocupación viene dado por el déficit de parque dedicado a vivienda social, por el hecho que desde el 2007 los hogares sin ningún tipo de ingresos se han incrementado un 76% en España y por la existencia de un parque de viviendas vacías, superior al medio millón. Lo que se refleja en que el número de desalojos de inmuebles por orden judicial se ha multiplicado por 2,25 desde 2008”.

La gestión del fenómeno de la ocupación es compleja y según se constata en el estudio del Institut Cerdà, es necesaria la involucración de todos los grupos de interés, entre ellos: administración (local y general), y ámbito legislativo, empresas de suministros al hogar, asociaciones y plataformas ciudadanas, propietarios, cuerpos de seguridad y estamento judicial.

Del estudio se concluye que las consecuencias de la ocupación ilegal suelen ser económicas pero también inciden muchas otras variables: sociales, culturales, de cohesión, físicas o estructurales. “De este modo, la falta de estabilidad y seguridad en la vivienda pueden ser fuente de situaciones de estrés y ansiedad. Además, el acceso a servicios públicos es difícil ante la falta de un título habilitante y se incrementan el riesgo de exclusión social y la estigmatización de las personas ocupantes.”

El estudio pone de relieve que las ocupaciones conflictivas, aunque solo suponen entre el 10 y el 25% del total, generan impactos en su entorno inmediato e incrementan factores como la inseguridad, el ruido, la actividad económica ilegal, el deterioro del entorno urbano y su mobiliario, el impacto sobre los comercios y negocios del entorno y la expulsión de los vecinos originarios.

Los inmuebles ocupados pierden valor

Los municipios entrevistados coindicen en que existe un impacto económico negativo cuando aparecen ocupantes de carácter problemático, de entre 3.500 y 30.000 euros por vivienda. En el ámbito económico, se estima que la ocupación ilegal supone una pérdida de valor de los inmuebles ocupados de entre el 40 y el 60%.

Según Carlos Cabrera, director general del Institut Cerdà, “la ocupación ilegal, pese a haber sido una vía transitoria para el acceso a la vivienda en situaciones de emergencia social, no es la solución ni para la persona ni para la comunidad. Aunque la ocupación y sus soluciones son un fenómeno complejo, existe un amplio consenso en que la actual legislación no es efectiva y las posibles soluciones afectan a todos los agentes involucrados. Sin embargo, no existe el mismo consenso en cuáles son las causas ni las soluciones pero cualquier solución pasa por la concertación e implicación de todos los agentes”.

Esta es la primera vez que públicamente se pretende analizar los efectos y el alcance que el fenómeno de la ocupación ilegal tiene sobre las personas y ciudades. Los datos recopilados para el estudio han sido facilitados por ayuntamientos de Catalunya, la Comunidad de Madrid y otras zonas de España.

Conclusiones

El estudio deja claro en sus conclusiones que q el desarrollo de la ocupación se ha desarrollado como “alternativa” a una legislación ineficaz y unos procedimientos administrativos muy lentos. Y que las causas que han generado la crisis social de la vivienda y, en particular, la ocupación, no remitirán significativamente a corto plazo.

Se destaca que “la proliferación del fenómeno afecta al parque y políticas de vivienda y genera situaciones de agravio entre personas vulnerables. Destacando que “la ocupación produce efectos negativos a diversos niveles: sobre la propia persona, sobre la convivencia y sobre el entorno urbano”.

También se resalta que “la necesidad de vivienda para colectivos vulnerables está promoviendo la aparición de “soluciones alternativas fuera de la Ley que todos “los agentes convienen en que no son deseables”, haciendo notar que “la concentración de ocupación ilegal puede actuar como catalizador de procesos de degradación y segregación social de los barrios”.

Con el mensaje final de que “el problema de la ocupación ilegal no se va a resolver ni a mitigar por sí solo, ya que “si bien la ocupación ha podido ser una vía transitoria para el acceso a la vivienda en situaciones de emergencia social, no es la solución ni para la persona ni para la comunidad. Por lo que “cualquier solución (social, económica y jurídica) pasa por la concertación e implicación de todos los agentes”.

Vivienda social

“Compran viviendas sociales baratas, incrementan abusivamente el alquiler a personas vulnerables que no pueden pagarlo y las desahucian sin ruido, sin asumir el coste social de estar lanzando a estas familias”, ha explicado Marta Higueras.