El nuevo banco malo promete más vivienda social pero seguirá funcionando como una empresa privada

Nadia Calviño

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Autor: Ministerio de Economía

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) pasará finalmente a manos del Estado casi una década después de su puesta en marcha. El denominado ‘banco malo’, que afronta la última etapa de su vida útil habiendo engordado la deuda y el déficit públicos, promete impulsar la labor social mediante la cesión de viviendas para colectivos vulnerables, pero limita el plazo a cinco años, cuando la sociedad debe estar liquidada.

La creación de la Sareb fue, junto al rescate de Bankia, una de las piezas fundamentales de las medidas para el saneamiento del sector financiero que puso en marcha el entonces ministro de Economía y hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. Sin embargo, a cinco años de que se cumpla el plazo para su liquidación final, el actual Gobierno ha decidido nacionalizarlo para tener pleno control de la sociedad teniendo en cuenta que las instituciones europeas ya contabilizan su deuda como deuda pública.

En concreto, la reclasificación de Sareb en las Cuentas Nacionales como unidad perteneciente al sector de las Administraciones Públicas hace “urgente y necesaria la adopción de una serie de cambios, que permitan adaptar Sareb a la nueva realidad ante el comienzo de un nuevo ejercicio contable”, explica el real decreto ley aprobado ayer martes por el Gobierno.

Como consecuencia de esta reclasificación la actividad de la compañía repercute directamente sobre las cuentas públicas con efectos desde 2020: determina un incremento en el déficit público de 2020 de 9.891 millones de euros (0,88% del PIB) y un incremento de la deuda PDE consolidada de las Administraciones Públicas de 34.145 millones de euros en diciembre de 2020 (3,05% del PIB).

No obstante, el texto aprobado ayer prevé que el FROB pueda llegar a una posición mayoritaria en el capital de la Sareb “sin que ésta adquiera la condición de sociedad mercantil Estatal”. El banco malo “es una sociedad de gestión de activos y por tanto un instrumento de  resolución cuyo objetivo fundacional fue el de coadyuvar al desarrollo adecuado de los procesos de reestructuración y resolución de entidades de crédito”.

Vivienda social con fecha de caducidad

De este modo, “no formarán parte del Patrimonio de las Administraciones Públicas las participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos de las que el FROB sea titular o que pudiera adquirir en el ejercicio de sus facultades de resolución. Dichas participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos, así como las sociedades emisoras de los mismos, que no tendrán consideración de sociedades mercantiles estatales, aun cuando el FROB ejerza el control directa o indirectamente sobre ellas, quedarán sometidas, a todos los efectos, al ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de las obligaciones de remisión de información que resulten necesarias para la elaboración de las cuentas nacionales”.

No obstante, el real decreto refuerza la labor social del banco malo, que en los últimos años ya había venido dedicando parte de su cartera de activos inmobiliarios a objetivos de vivienda social. De este modo, “se habilita a Sareb a ceder viviendas a entidades públicas o entidades no lucrativas como parte de su política de sostenibilidad, incorporando así la utilidad social dentro del objetivo de optimización del valor y en coordinación con los departamentos ministeriales competentes”.

Este epígrafe no obstante, no ha evitado las críticas de Unidas Podemos al PSOE y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. La formación morada había reclamado convertir a la Sareb en una auténtica “herramienta pública” centrada en favorecer vivienda social.

Podemos reprocha que se hayan rechazado opciones como, por ejemplo, establecer con carácter indefinido, en lugar del plazo de cinco años, las cesiones de viviendas a comunidades autónomas y entidades locales. También afean la negativa a que se publiquen los inmuebles que conforman la cartera de pisos de la Sareb.