Rivero pide tratar la empresa de Villarejo como una “organización criminal” que contó con la “cooperación” de BBVA

El expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero. Autor: Europa Press

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El que fuera presidente de la constructora Sacyr-Vallehermoso Luis del Rivero ha propuesto al juez de ‘Tándem’ que se trate a CENYT, la compañía del comisario jubilado José Manuel Villarejo, como a una «organización criminal» que contó con la «cooperación económica» del BBVA a lo largo de una «duradera relación contractual».

Así consta en un escrito de más de 80 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que Del Rivero ha remitido al Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional de forma conjunta con José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito Francés, dos exdirectivos del Banco Bilbao que figuran como perjudicados en la causa.

En esta línea, y recurriendo al Código Penal, su representación argumenta que el delito de asociación ilícita se refiere a las asociaciones que tienen «por objeto cometer algún delito» o, después de haber sido constituidas, promueven su comisión. Además, la norma tipifica la conducta «de los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso relevante», favorecen la actividad de tales asociaciones.

En concreto, inciden, «la tipificación del delito de organización criminal se caracteriza, en principio, por la pluralidad subjetiva», que consiste en la colaboración entre dos o más personas coordinada con carácter estable o por tiempo indefinido con un reparto específico de funciones, para la comisión de delitos».

A este respecto el escrito deja claro que del delito de cooperación con asociaciones que tengan por objeto cometer algún ilícito «solo pueden ser autores terceros ajenos a la organización». «El tipo penal menciona expresamente la cooperación ‘económica’ entre las formas de cooperación punible. Con ello, el legislador deja claro que las formas de financiación o apoyo económico-financiero a estas asociaciones ilícitas constituye un delito de cooperación», argumentan.

Eso es, a su juicio, lo que ha ocurrido en esta pieza separada, la número 9, de la macrocausa sobre los encargos a Villarejo. «Con base en los datos disponibles en la causa, desde el BBVA se ha estado apoyando económicamente, a través de la firma de varios contratos, a la asociación ilícita/organización criminal dirigida por el señor Villarejo», insisten.

BLANQUEO TRANSNACIONAL

La defensa, que hace hincapié en que CENYT es una empresa «cuya peligrosidad radica en la existencia de una estructura o de una organización de personas cuyo objeto es precisamente la comisión de delitos», también solicita al magistrado que incluya en la calificación jurídica el blanqueo transnacional.

Y lo hace, según explica, porque «en la pieza principal se han detectado transferencias internacionales vinculadas a cuentas en el BBVA que aportan un carácter transnacional a la dinámica de blanqueo de capitales llevada a cabo por los integrantes de la organización criminal».

Citando jurisprudencia, la defensa de Del Rivero asegura que se tratan de «conductas que tienen que ver con un proceso de reconversión de bienes de origen delictivo de tal manera que puedan ingresar en los circuitos o canales económicos normales sin que se pueda detectar su origen y que, por ello, se puedan disfrutar de forma jurídicamente pacífica sin temor a que puedan ser decomisados».

«El fin de blanqueo es ocultar el origen delictivo de ciertos capitales con el fin de dotarlos de una apariencia final de legitimidad o integrarlos en el sistema económico con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita», recuerda.

Además, apunta que «la financiación de la organización criminal Grupo CENYT y el blanqueo del dinero en el extranjero están sometidos a la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles y, en concreto, de la Audiencia Nacional, por estar vinculados a una organización criminal que opera en España» y que es la competente para investigarlo.

Por último, su abogado solicita al juez que acuerde aportar testimonio de hasta 12 documentos de la pieza principal entre los que se cuentan autos, oficios de la Unidad de Asuntos Internos, escritos e informes policiales y que tienen «implicaciones jurídicas» en la pieza separada.