El Ministerio de Energía ha publicado el borrador que actualiza los criterios para acceder al bono social, la ayuda para el pago del recibo de la luz a los hogares con dificultades. El nuevo reglamento establece distintas categorías de consumidor vulnerable y calcula diferentes descuentos en la factura en función de la renta, en base al indicador al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2017 se sitúa en 6.390 euros al año en doce pagas.
Según la definición de consumidor vulnerable recogida en el texto, podrán acogerse a la ayuda todos los hogares sin ningún menor a cargo con una renta menor a 1,5 veces el IPREM, es decir, que ingresen menos de unos 9.600 euros al año. En el caso de que en la unidad familiar haya un menor, el límite asciende a 2 veces el IPREM, unos 12.780 euros anuales. Para familias con dos menores, podrán acogerse al bono social aquellas con rentas anuales inferiores a 2,5 veces el IPREM, que se traduce en 15.975 euros.
Estos umbrales de renta se incrementarán en 0,5 veces el IPREM para las víctimas de violencia de género, del terrorismo y para hogares con algún miembro con discapacidad superior al 33%. En estos casos, podrán recibir la ayudas los consumidores con rentas inferiores a 12.780 euros en hogares sin niños, 15.975 euros si hay un menor y 19.170 euros si hay dos.
Todos estos consumidores tendrán un descuento en su factura del 25%. También tendrán la misma rebaja en su recibo de la luz las familias numerosas, independientemente de su nivel de renta y los hogares cuyos ingresos proceden únicamente de pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente que perciban la cuantía mínima.
Por otro lado, el borrador establece la categoría de consumidor vulnerable severo, que tendrá un descuento mayor, del 40%. Se incluyen en ella las familias cuyas rentas no lleguen a la mitad de los niveles anteriores: que tengan unos ingresos que no alcancen los 4.800 euros anuales en hogares sin menores; 6.400 euros, en hogares con un niño; y unos 8.000 euros, en casas con dos niños.
Por último, están los consumidores en riesgo de exclusión social, los vulnerables severos que estén siendo atendidos por los servicios sociales municipales o autonómicos “que financie al menos el 50% del importe de su factura en los términos previstos en el presente real decreto”. En este caso, su suministro eléctrico será considerado “esencial” y las compañías no podrán cortarlo en caso de impago.
