Los populares aseguran, en un argumentario interno, que la reforma “recoge las sugerencias de expertos como Jueces para la Democracia o el Defensor del Pueblo”. El PP se ha lanzado a vender entre sus filas la Ley de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Para ello, ha enviado un argumentario interno en el que expone a los diferentes cargos populares las claves de esta norma para su posterior defensa. Entre estas, que cuenta con el apoyo de los jueces progresistas.
“La reforma recoge las preocupaciones ciudadanas y las sugerencias de expertos como Jueces para la Democracia o el Defensor del Pueblo”. Así lo asegura el Partido Popular en un argumentario en el que señala que “el objetivo de la ley es erradicar la violencia y las conductas incívicas que ponen en peligro la convivencia pacífica”.
El respaldo de este colectivo de magistrados no es tal. Desde Jueces para la Democracia (JpD) se ha criticado con dureza esta norma por ser, entre otras cosas, “innecesaria”.
“La mayor parte del articulado está referido a conductas de derechos fundamentales que regula con un enfoque autoritario que no resulta aceptable”, explicaba el portavoz de esta asociación judicial, Joaquim Bosch, en declaraciones a EFE la semana pasada.
Para Bosch, en España no hay problemas de seguridad para una respuesta tan dura como la que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy. Y es que, en opinión del portavoz de la JpD, esta ley tiene un “efecto despenalizador” sobre algunas conductas que dejarán de ser faltas, pero que “tendrán una pena mayor”.
Por ejemplo, la desobediencia a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. “Con el Código Penal se sancionaba con una multa de entre 100 y 300 euros”, ahora, “podrá ser castigada con hasta 30.000 euros”, ha destacado a EFE.
Entre el resto de “claves” de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, o ‘Ley Anti 15M’, que se incluye en este argumentario se encuentra que hay “más proporción”, ya que “endurece las infracciones más graves, que atentan contra derechos básicos”. Asimismo, “más protección”, al definirse por primera vez el concepto de seguridad.
Respecto a los derechos, “la reforma garantiza el ejercicio de derechos básicos, como el de reunión, aislando a los grupos violentos que lo vulneran” y “erradica comportamientos violentos”.
Para terminar, esta norma aporta “más garantías”: “Se limita y definen mejor la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado”.
