La Sala Penal reprocha a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que se opusieran al desglose que reclamaban los familiares de los dos policías españoles. La Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha decidido avalar la decisión del juez Santiago Pedraz de desglosar la investigación por el atentado contra la embajada española en Kabul, el pasado 11 de diciembre de 2015 en el que fallecieron dos policías y otros siete resultaron heridos. De esta manera, la Justicia investigará, “por un lado, el atentado como terrorismo y, por otro, la posible responsabilidad de las autoridades españolas por una falta de diligencia en la seguridad de la legación diplomática”.
En el escrito, los magistrados han desestimado los recursos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la Abogacía del Estado en los que se oponían a este desglose que reclamaban los familiares de las víctimas. De hecho, la Sala ha reprochado que ambos órganos del Estado no procediesen a recurrir “el auto de admisión de la querella y añaden que, si bien de lo investigado hasta el momento se deduce que el atentado desencadenó la muerte y las lesiones, dato que no aparece encajar con la imputación delictiva atribuida a los querellados, al no haberse recurrido el auto de admisión”. Cabe recordar que el juez Pedraz, a finales de 2016, decidió imputar, por delito de homicidio imprudente, al embajador y el segundo embajador en aquella fecha, Emilio Pérez de Agreda y Oriol Sola Pardel, respectivamente.
“Es cierto, como no puede ser de otra manera, que en este nuevo procedimiento en el que acuerda el desglose para averiguar si existe algún tipo de infracción penal por parte de las autoridades españolas, habrá que tener en cuenta lo ya practicado o se practique en un futuro, pues solo conociendo la peligrosidad que entraña la labor desarrollada por la misión diplomática y los que trabajan para ella, se estará en condiciones de poder conocer y valorar el alcance de la posible infracción penal denunciada en la querella”, ha sentenciado la Sección Cuarta de la Sala Penal.
Asimismo, los jueces han querido recordar que ese trasvase de información “no impide que cada investigación siga su curso hasta el esclarecimiento de los hechos imputados”.
