Los ocho principales sindicatos franceses anunciaron al unísono movilizaciones. Los partidos de izquierda, los ecologistas y la extrema derecha se oponen a la reforma, que elevará a los 65 años la edad mínima de jubilación como prometió Macron cuando se presentó a la reelección. En su lugar, se exigirá a los trabajadores que coticen durante 43 años frente a los 41 actuales si quieres tener derecho a una pensión completa.
En un intento por ganar apoyos, el proyecto de ley que se presentará al Parlamento francés en las próximas semanas incluirá otras medidas más favorables, como un aumento de la pensión mínima de 300 euros, hasta los 1.200 euros, y concesiones a las personas mayores con trabajos más duros físicamente.
EL 70% DE LA POBLACIÓN SE OPONE
Los sondeos apuntan a que el 70% de la población se opone a la reforma y los sindicatos planean protestas a escala nacional que comenzarán la semana próxima y que solo serán “el comienzo” de las medidas de presión.
“Nada justifica una reforma tan brutal”, aseveró Laurent Berger, líder de la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), mientras comparecía ante la prensa junto a otros líderes sindicales. El objetivo será, en palabras de Berger, que esta reforma “no entre en vigor” por ser injusta con los trabajadores más precarios y que el “Gobierno recule”.
Frédéric Souillot, jefe del sindicato Force Ouvrière, puso sobre aviso al Gobierno a principios de esta semana de que los sindicatos estaban dispuestos a paralizar la economía para frenar la ley de pensiones.
«Si para Emmanuel Macron ésta es la madre de todas las reformas, para nosotros es la madre de todas las batallas», dijo.
Para el líder de la izquierda Jean-Luc Mélenchon, la propuesta es una “grave regresión social”, mientras que Marine Le Pen la calificó de “injusta” y dijo que los franceses podían contar con la “total determinación” de su partido de extrema derecha para bloquearla.
Francia gasta al año casi el 14% de su PIB en pensiones para mantener a unos 17 millones de jubilados, cifra superior a la media de la UE, que ronda el 12%, según datos del Insee, la agencia nacional de estadística.
