El Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida ha anunciado el Plan Integral de Alquiler Municipal, con el que busca ayudar a los madrileños a alquilar una vivienda y a los propietarios a sacar rendimiento de la suya. Sin embargo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid, ya se muestran en desacuerdo con lo planteado por el Ejecutivo. Para ellos, este Plan ignora el verdadero problema de la vivienda en Madrid.
La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de la capital será la encargada de gestionar las ramas de este plan: Programa ReViva Madrid; Bono Vivienda; y el Programa conFIANZA Joven.
El Bono Vivienda ha sido de los planteamientos más debatidos desde que se presentó. Para beneficiarse de esta ayuda, los inquilinos deben de ganar al año entre 32.000 y 88.200 euros, según lo grande que sea el núcleo familiar. “Es bochornoso, esta no es la población que está en situación de riesgo”, considera el Sindicato de inquilinos e inquilinas de Madrid. Para ellos, estas rentas equivaldrían a población de clase media, e incluso alta, y dejarían de lado a los más vulnerables.
“El salario mínimo es de 950 y en ciudades como Madrid, meterte en una vivienda de 40 metros cuadrados ya te sale por 700 u 800 euros, entonces te quedan 200 euros para vivir”, añaden.
Por su lado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca comparte esta denuncia y pone en cuestión que no siempre se paga el salario mínimo: “Hay gente en nuestras asambleas cobrando 500 euros al mes siendo familias de 3 o 4 miembros”.
La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo explica que el Bono Vivienda “no excluye a nadie, sino que complementa” y que para los que no alcancen sus requisitos de renta se están construyendo 3.000 viviendas públicas. Sin embargo, la PAH considera que esto no soluciona nada, ya que tienen personas dentro de la plataforma que llevan diez años esperando a que les concedan una vivienda pública.
Los jóvenes tendrán una bonificación en el Bono de Vivienda, a lo que se suma el Programa conFIANZA Joven. Con esto, la EMVS busca facilitar el acceso a una vivienda en alquiler a los menores de 35 años, al anticiparle la fianza que le solicite el arrendador. Para devolverla tendrán 24 meses sin ningún tipo de intereses.
Desde la PAH, no le ven “mucho sentido” a la medida. “Más allá de poner algo simbólico, que parezca que se preocupan por los jóvenes, cuando ellos lo que quieren es un sueldo digo y un precio de alquiler digno”, comentan.
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid recuerda que los arrendatarios tienen que ingresar la fianza, como marca la ley, en la Comunidad de Madrid, lo que es “redundante”: «El dinero que va a parar a la administración púbica, te lo fianza la propia administración”.
Otro de los aspectos del Plan Integral de Alquiler Municipal, es el Programa ReViva Madrid. La EMVS quiere con él, aumentar la oferta destinada al alquiler poniendo en el mercado las viviendas vacías de miles de propietarios. A cada uno de ellos, les darían una renta mensual independientemente de que la casa tengo o no un inquilino.
Los requisitos para los propietarios son que no podrán ceder más de cinco viviendas a la EMVS y que cada una de ellas deberá llevar vacía nueve meses. “El objetivo es que con las ventajas que les ofrecemos se atrevan a sacar sus viviendas al mercado y aumente la oferta”, explican desde la empresa municipal.
“Es grave que se ayude a las clases medias en vez de a las clases populares que tienen más necesidad”, detallan desde la PAH sobre el Programa ReViva. Para ellos, el límite de cinco viviendas es insuficiente. “Por vivienda se puede sacar más de 1.000 euros y alguien que consiga de alquiler 5.000 euros sin trabajar, simplemente por tener propiedades es un rentista”, marcan. “El dinero al final va directamente a los que son, en parte, responsables de la situación que hay con la vivienda”, añaden.
Por su parte, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo defiende que su plan esta pensado “para pequeños propietarios”, ya que la ley define como grandes tenedores a aquellos que tengan más de diez viviendas, mientras que su medida pone un máximo de cinco y que estos últimos “serán casos puntuales”.
