La deuda del sistema eléctrico ascendía a cierre de 2016 a 23.070 millones de euros, según los datos publicados este miércoles por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se redujo un 7,9% respecto al año anterior, pero la cuantía que aún tienen que pagar los consumidores de luz sigue siendo muy en elevada, especialmente si se tienen en cuenta los intereses, que en 2017 alcanzan el 3,319%.
Este año, los españoles pagarán de deuda en el recibo de la luz un total de más de 2.838 millones, de acuerdo al informe del ‘superregulador’ sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico, de los que 765 millones serán intereses, a pesar de que se han reducido como consecuencia de la bajada generalizada de los tipos de interés. El coste medio ponderado de la deuda del sistema eléctrico en 2017 es 20,3 puntos básicos más bajo que en 2016 (3,522%).
En la actualidad, existen cuatro categorías de derechos de cobro asociados a la deuda del sistema eléctrico: el Déficit 2005, los derechos de cobro de los adjudicatarios de la segunda subasta del Déficit Ex ante, los derechos de cobro del Déficit 2013 y los derechos de cobro del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE). Esta última acapara la mayor parte de la deuda acumulada, un 79,9%, y es además la deuda de mayor coste, con un tipo de interés en 2017 de 3,818%.
Por otro lado, la CNMC recuerda que en 2014 y 2015 el sistema eléctrico registró superávit, por importe de 550,3 millones y 469,3 millones de euros, respectivamente, y apunta que para 2016 se prevé un superávit de 110,9 millones.
Estos superávit, por ley, deberán destinarse a reducir los desajustes de años anteriores, es decir, deben destinarse al pago de la deuda de hace años. Por eso, el organismo regulador pide que se desarrolle la reglamentación necesaria para destinar el dinero a la amortización parcial de la deuda del sistema eléctrico, ya que supone un elevado coste financiero debido a los intereses.
La deuda eléctrica es consecuencia del desequilibrio causado por unas tarifas inferiores al coste de la luz. Para evitar la quiebra, se emitieron bonos temporales, cuyo importe con sus correspondientes intereses, tienen que asumir los usuarios en el recibo de la luz.
