En una sociedad en la que el juego es muy frecuente, los casinos online autorizados por la DGOJ deben poseer una licencia general o singular para operar. Debido al marco de normas establecido por el Ministerio, muchas empresas catalogaron las medidas de injustas y decidieron migrar hacia otros territorios.
En el análisis del Ministerio de Consumo sobre el ejercicio de la industria del juego online durante 2022, se han encontrado más de 20 casas de apuestas online que cometieron graves infracciones. El balance del monto anual de multas emitidas ronda los 120 millones de euros, equivalente a 132,63 millones de dólares. De los 20 operadores afectados, 5 sufrieron graves consecuencias que condujeron al cierre de sus portales y a una sanción de 5 millones de euros cada una.
Hacia un 2023 con mayor regulación
El ministro de consumo, Alberto Garzón, quiere que las empresas de juego online cumplan las normas. Garzón manifestó en varias ocasiones su interés en regular el sector de las apuestas en el país. Según un borrador de los Presupuestos Generales del Estado, el ministro prevé aumentar el presupuesto de su despacho un 11,38% para el 2023. El área ya cuenta con 63,6 millones de euros.
En 2022, los ingresos brutos del año en el sector del juego fueron de 962,96 millones de euros, un 12% más que en el 2021. Los números demuestran el importante motor que la industria del juego representa en la economía de España. Ante semejante expansión, el Ministerio de Consumo teme por la salud de los usuarios. Las políticas de restricción hacia los casinos se complementan con campañas dirigidas al amparo y protección de quienes juegan.
Sus esfuerzos están destinados a evitar conductas problemáticas y a detectar comportamientos de riesgos en los juegos de azar. El Ministerio cuenta con un presupuesto de entre 1,1 y 2,2 millones de euros destinado a la investigación y prevención de patologías de adicción en las apuestas. A pesar del severo control en el segmento del juego, la actividad regulada creció en 2022 y se proyecta que continuará creciendo este año.
Las restricciones más polémicas
A partir de agosto de 2021, las empresas debieron adaptarse al nuevo marco regulatorio que incluía restricciones muy severas. La más importante fue la reducción de la franja publicitaria. Desde aquel momento, las casas de apuestas sólo pueden emitir sus publicidades entre la 1 y las 5 de la mañana. Además, la promoción de bonos de bienvenida fue prohibida, por ser considerados agresivos, y su intención es la de captar nuevos usuarios.
Con la finalidad de proteger a los sectores de la población más susceptible de desarrollar patologías de adicción, y de disminuir el alcance de los casinos a menores de edad, las normas entraron en vigencia. Desde entonces, las alarmas que sonaron por los números de multas arrojadas en el primer semestre del 2022, la lupa del Ministerio no se ha despegado del ejercicio de los operadores de juego.
Las casas de apuestas online, sobre todo las deportivas, entraron en un periodo de crisis. Muchas optaron por abandonar el público español y desembarcaron en territorios con leyes más amigables. Desde entonces, varios países de América Latina han sido buenos receptores. El Ministerio, lejos de dar por sentado el asunto, continúa desplegando nuevas formas de regular el mercado que opera fuera de la ley.
En la búsqueda de nuevas medidas
La virtualidad condujo a que la actividad del juego esté al alcance de todos. El fácil acceso a las plataformas dificulta el trazado de un límite en las apuestas y esto estimula la conducta compulsiva. Muchos operadores web con licencia cuentan con un mecanismo de autoexclusión que ayuda a los jugadores a establecer esa barrera, los usuarios se autoexcluyen y el casino debe restringir su acceso por determinado periodo de tiempo.
El pasado marzo, el Consejo de Ministros aprobó una nueva serie de medidas para reforzar la seguridad de los jugadores. Las más importantes son la obligación del operador de enviar un mensaje al usuario por cada hora de juego y el requisito de que los jugadores establezcan límites de gasto antes de comenzar a apostar. Este tipo de leyes vela por la protección de los ciudadanos que disfrutan del juego y quieren continuar con la actividad.
