Los talibanes en Afganistán: menos derechos y más crisis humanitaria, seis meses después

Milicianos talibán en el aeropuerto de Kabul - SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

Milicianos talibán en el aeropuerto de Kabul - SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

Este martes se cumplen seis meses de la toma del poder en Afganistán por parte de los talibanes, medio año en el que las expectativas sobre una posible moderación respecto a su anterior régimen han ido desinflándose en medio de las restricciones de los derechos fundamentales, especialmente de mujeres y niñas, y las informaciones sobre abusos y violaciones de los Derechos Humanos.

Los talibanes irrumpieron en Kabul el 15 de agosto de 2021, horas después de que Ashraf Ghani huyera ante un avance de los insurgentes, cimentado en meses de combates y facilitado por el proceso de repliegue de las tropas internacionales a raíz del acuerdo de paz firmado en Doha en febrero de 2020 con Estados Unidos.

Si bien algunos expertos afirmaron que el nuevo régimen podría ser diferente al anterior, las autoridades han limitado drásticamente los derechos de las mujeres, incluida una prohibición de su desplazamiento sin un familiar masculino a destinos que estén a más de 72 kilómetros, mientras que las protestas para reclamar que se respeten sus derechos son duramente reprimidas.

Asimismo, los talibanes han actuado con dureza contra los medios de comunicación, limitando drásticamente el flujo de información, mientras que Naciones Unidas denunció en enero la ejecución de al menos un centenar de antiguos funcionarios, a pesar de la amnistía decretada por el líder del grupo, el mulá Hebatulá Ajundzada.

En este sentido, Beth Gelb, miembro del equipo de países de Amnistía Internacional España, ha señalado en una entrevista a Europa Press que la situación es «desoladora». «Es un país que ha sufrido guerras ininterrumpidamente desde hace 40 años y ahora mismo se están literalmente muriendo de hambre», ha lamentado.

Los datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) reflejan que 22,8 millones de personas hacen frente a inseguridad alimentaria aguda, con 8,7 millones en niveles de emergencia, sobre una población total de unos 41,7 millones de personas.

«Día a día la situación empeora, no mejora en absoluto», ha alertado Gelb, quien ha incidido en que ya antes de la toma del poder por parte de los talibanes el país tenía una gran dependencia de la ayuda internacional, con un 43 por ciento del PIB dependiente de la misma, según datos del Banco Mundial, y con una economía basada en gran medida en la producción de adormidera y marcada por la corrupción.

«Estamos hablando de un país que ha sufrido desde hace muchísimo tiempo muchísimas desgracias», ha señalado, antes de recordar que durante los años previos «buena parte de Afganistán estaba en manos de los talibanes». «La población realmente está extenuada de tanto tiempo en guerra y lo que eso implica», ha argumentado.

«La situación es absolutamente crítica y grave y tiene que haber un cambio para que las personas de Afganistán puedan disfrutar de sus derechos más básicos, en este caso, comer», ha dicho. «Estamos asistiendo prácticamente a una hambruna en Afganistán. Las personas literalmente se están muriendo de hambre», ha añadido.

AVANCES TRUNCADOS

De esta forma, ha resaltado que los avances de los últimos 20 años se han visto «truncados», si bien ha reseñado que «ni el mundo ni el país es igual que antes y por más que los talibanes ideológicamente quieran que las cosas sean como eran antes, eso lo tienen bastante difícil».

Gelb ha restado credibilidad a las afirmaciones de los talibanes sobre el respeto a los Derechos Humanos y ha incidido en que hasta la fecha «se ha documentado todo lo contrario», incluidas «amenazas gravísimas a toda persona que pretende defender los Derechos Humanos».

Por ello, Amnistía Internacional ha puesto en marcha una acción en Internet para recoger firmas en favor del respeto de los derechos de las mujeres y las niñas con el objetivo de presentar esta propuesta a Rusia y Pakistán, dado que son dos países con «influencia» sobre la situación.

Asimismo, ha destacado el impacto de las sanciones, que provocaron el impago de sueldos a funcionarios tras la suspensión de la entrega de ayuda internacional, y ha subrayado que «la ausencia de ayuda humanitaria pone contra las cuerdas a las familias».

«Hay un entramado de violaciones de los Derechos Humanos y realmente es un caso muy agudo que nos enseña cómo todos los Derechos Humanos tienen relación y son interdependientes», ha manifestado, antes de subrayar que «tiene que llegar ayuda porque si no, simplemente, los afganos se van a morir».

De esta forma, ha reclamado la apertura de fronteras y la creación de corredores humanitarios para permitir la salida del país de aquellas personas que lo deseen, así como la no devolución de afganos e investigar los hechos sobre el terreno. «Lo que puede poner fin a las violaciones de derechos en Afganistán es que se sepa lo que está pasando allí», ha zanjado.

CRISIS ECONÓMICA «BRUTAL»

El ahondamiento de la crisis llevó a la ONU a lanzar en enero un llamamiento para recaudar más de 4.400 millones de euros de para entregar ayuda a 22 millones de personas en el país y otros 5,7 millones de refugiados afganos en cinco países de la región.

Sin embargo, la comunidad internacional hace frente a problemas a la hora de determinar su posición ante la necesidad de entregar ayuda y el temor a que el dinero y los recursos no lleguen realmente a la población y acaben siendo aprovechados por los talibán.

En este sentido, José Mas Campos, responsable de la unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF), ha resaltado en declaraciones a Europa Press que la «situación en Afganistán no hace sino cumplir muchos de los vaticinios que ya esperábamos».

«La crisis económica tan brutal que se ha desatado a raíz de muchas de las medidas y sanciones impuestas provoca que cada vez haya menos empleo, cada vez haya menos dinero corriente en las calles, con lo cual los precios están disparándose y la gente tiene menos capacidad adquisitiva», ha explicado.

Así, ha reseñado que «la inseguridad alimentaria y la malnutrición que lleva aparejada, sobre todo en los niños, es algo que lamentablemente estamos pudiendo observar en nuestros hospitales», con una cifra de ingresos de niños desnutridos «bastante más elevada» que la de los años anteriores.

«A la malnutrición hay que añadir epidemias de sarampión, que también estamos viendo, o el sabido efecto del invierno en las infecciones respiratorias, con un pico de neumonías que nos obliga a tener a veces dos y tres niños por cama dentro del hospital porque es muy difícil dar a basto», ha indicado.

De esta forma, ha manifestado que «la falta de otras organizaciones que estén trabajando en el sistema de salud obliga a los hospitales de MSF a estrechar y expandir hasta los límites que nos es posible las capacidades de acogida», una situación afectada por el recorte de la ayuda internacional durante los últimos meses.

Así, ha recordado que el sistema de salud antes de la toma del poder de los talibán ya contaba con una «infrafinanciación» y con la falta de empleados y medicamentos, si bien ha recalcado «a día de hoy, el sistema de salud está en circunstancias todavía más empobrecidas».

En el caso concreto del centro de MSF en Jost, la organización se vio obligada entre agosto y octubre a expandir los criterios de admisión para atender a mujeres embarazadas, lo que derivó en que durante ese tiempo «el 50 por ciento de los partos institucionales de toda la provincia se produjeron en nuestro hospital».

Por último, ha indicado que MSF lleva más de 40 años trabajando en el país y ha añadido que la toma del poder por parte de los talibán no ha llevado aparejados cambios, sin que haya previsto que la situación pueda revertirse. «Por eso en MSF nos preparamos para seguir e incluso si fuera posible aumentar nuestras operaciones en el terreno en Afganistán en los próximos tiempos», ha apostillado.