Operación Lezo

La operación Lezo endosa una doble factura a la filial de OHL en México

La clase política marca distancias con la concesionaria azteca, que se desploma en Bolsa.

Javier López Madrid, consejero de OHL

La operación Lezo trasciende fronteras. Y no solo en lo que a la investigación judicial abierta se refiere. OHL, una de las grandes empresas españolas salpicadas por la supuesta trama de corrupción, ha vuelto a sufrir la espantada de los inversores y el desdén de buena parte de la clase política en España. Pero, sobre todo, en México.

La filial mexicana de OHL lleva tiempo aguantando acusaciones de corrupción y sospechas de pagos irregulares a miembros de la administración pública por largo tiempo a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, el efecto de este último caso ha sido más devastador en el país azteca tanto en términos de imagen como de capitalización bursátil.

Desde que estalló el caso en España, OHL México ha perdido más de un 8% de su valor en la Bolsa de la capital federal. Esto se traduce en la volatilización de 182,3 millones de euros al actual cambio del peso mexicano, una cifra sustancialmente superior a la erosión de algo menos de 137 millones de euros que ha sufrido su casa matriz en el parqué madrileño.

En definitiva, el impacto en la cabecera del grupo es doble, ya que la presidida por Juan Villar Mir de Fuentes a esta orilla del océano es la principal accionista de su delegación azteca. Un hecho este último que ha llegado a vincular la caja fuerte de la mexicana con los supuestos pagos irregulares vía Suiza al entorno del expresidente madrileño Ignacio González, actualmente en prisión preventiva.

La caja fuerte mexicana, supuesto origen de los pagos irregulares

A pesar de que OHL ha desmentido cualquier pago irregular a ninguna institución pública o privada, las pesquisas judiciales siguen su curso, incluyendo registros a la sede de la sociedad en la Torre Espacio del madrileño Paseo de la Castellana. Del mismo modo, la concesionaria cotizada ha rechazado la vinculación de su filial mexicana en ninguna operación por estas latitudes alegando que la fecha de constitución de esta última es posterior a los hechos bajo la lupa del juez. Una teoría que queda en entredicho por el establecimiento, ya en 2005, de otra sociedad filial en el país.

Esta, denominada OHL Concesiones México, más opaca que su heredera por no estar sujeta a las normas del mercado bursátil donde no preveía su admisión a negociación. La escritura pública a la que ha tenido acceso este portal está refrendada con la firma del notario Fernando Dávila, número 235 de su colectivo en Ciudad de México.

He aquí el detonante del radical cambio de tono en el discurso político en torno a OHL. De la defensa férrea o la indiferencia procuradas ante la insistente denuncia de algunas facciones de la oposición y, sobre todo, de la contadora de tráficos local Infraiber -que mantiene abierta un encarnizado cruce de acusaciones y litigios con la concesionaria-, a un claro marcaje de distancias frente a la cotizada blanco de las sospechas.

Uno de los cambios de tono más significativos ha sido el del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, que ha anunciado oficialmente aunque en un tono informal que no permitirá nuevas ampliaciones de plazo en las concesiones de autopistas adjudicadas a OHL ni tampoco nuevas revisiones al alza de las tarifas a aplicar a los usuarios, como sí se había aprobado hace solo unos meses para el conocido como Viaducto del Bicentenario.

La contabilidad paralela y el calendario electoral

Por si fuera poco, Ávila parece haber cedido al largo clamor de buena parte de sus opositores políticos y además ha exigido a OHL que pague ya la multa de 38 millones de pesos que le fue impuesta tras las irregularidades detectadas en la auditoría realizada por PwC precisamente sobre la adjudicación del Bicentenario. Mientras tanto, la polémica por el concepto de rentabilidad garantizada para sus peajes en el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) parece seguirse resolviendo mediante la aportación al regulador de la Bolsa local (CNBV) de una contabilidad alternativa en formato proforma que su homóloga española, la CNMV, no ha requerido.

Mientras tanto, la ofensiva política frente a las supuestas irregularidades cometidas por OHL, y que Infraiber viene señalando en los últimos cuatro años, se ha extendido y multiplicado en el Senado mexicano. De la iniciativa aislada de unos pocos representantes, el clamor ya es colectivo aprovechando también la oportunidad política que presentan las elecciones al Gobierno mexiquense previstas para el próximo 4 de junio.

Con este telón de fondo hay que entender también las proclamas que los candidatos de la oposición vienen compartiendo en las últimas semanas en contra de la concesionaria. Los cabezas de lista del PAN, Morena y PRD han pedido pública y repetidamente que se auditen las operaciones de la firma en un Estado en el que su actual gobernador, que comparte las siglas del PRI con el presidente federal Enrique Peña Nieto, haya optado por un perfil más distante.

La posible vuelta a la opacidad de las no cotizadas

Nuevo talante para con una compañía en la que el descalabro bursátil ha sido mayor precisamente por haber tenido que desandar su más reciente rally especulativo. El que se apuntó al calor de rumores de exclusión bursátil con el supuesto objetivo de poder burlar buena parte del escrutinio al que hoy por hoy está sometido su negocio.

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