En un comunicado, la organización ha tachado de informaciones «tendenciosas» las vertidas por Facua y ha subrayado que «todas las actividades llevadas a cabo de forma legítima tienen como objetivo mejorar la posición en el mercado de sus socios y de los consumidores en general, facilitándoles el acceso a diferentes bienes y servicios en mejores condiciones de información y de mercado, garantizando la independencia de la organización».
En este sentido, OCU ha recordado que la legislación española es «bastante garantista» y asegura que los acuerdos con empresas no merman la independencia de las asociaciones que los firman.
Así, según reza el escrito, «OCU ha cumplido con todas sus obligaciones y proporcionado al Ministerio de Consumo toda la información requerida sin que hasta el momento tenga conocimiento de ningún expediente sobre sus actuaciones que se ajustan a la legalidad».
Por todo ello, OCU ha denunciado los «ataques injustificados de organizaciones de consumidores que pretenden imponer un modelo único de defensa de los consumidores, con una clara finalidad de utilización política del mismo, que atenta contra la pluralidad democrática y se aleja del principio de independencia política que establece la normativa española».
Asimismo, ha defendido un modelo de organización «fuerte e independiente» basada en la financiación de sus socios «frente a otras asociaciones que necesitan de las subvenciones públicas para su subsistencia y que son capaces de cualquier cosa a costa de mantener o aumentar su cuota de recurso públicos para garantizar su existencia», reza el escrito.
Al respecto, OCU ha anunciado que llevará a cabo cuantas actuaciones legales estén en su mano para defender su honorabilidad y buen nombre y parar «los mezquinos intentos» de impedir el cumplimiento de su objetivo exclusivo, que es la defensa y representación de los consumidores de este país.
