El sector eléctrico cree que el recorte de 1.000 millones del Gobierno va en contra del derecho comunitario

Torre de electricidad

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El sector eléctrico ha considerado que el anteproyecto de Ley para corregir el dividendo que reciben las centrales no emisoras (hidráulicas y nucleares) como consecuencia de los costes del CO2 en el mercado de derechos de emisión «va en contra del derecho comunitario» y supone «una intervención» del mercado.

Fuentes del mercado indicaron a Europa Press que el mecanismo que pretende aprobar el Gobierno, autorizado por tramitación urgente para intentar que pueda ser aplicado en este año, representa «una intervención en los precios de mercado no acorde con el trabajo de credibilidad-país realizado en los últimos años».

El Consejo de Ministros ha acordado este martes iniciar la tramitación de este anteproyecto de ley con el que reducir los llamados ‘beneficios caídos del cielo’ (‘windfall profits’) de las nucleares y las hidráulicas, que supondrá un recorte de unos 1.000 millones de euros en la retribución que reciben las eléctricas con el fin de abaratar entre un 4% y un 5% la factura de la luz de los consumidores domésticos.

En concreto, el mecanismo pasa por un mecanismo de mitigación de parte del dividendo de carbono que perciben las tecnologías no emisoras anteriores a 2005 (hidráulica y nuclear).

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió la necesidad de que los beneficios por el alza de los precios del CO2 repercutan también en los consumidores domésticos e industriales y no solo en «las cuentas de resultados de las empresas». «Es legítimo maximizar su beneficio por las compañías, pero debemos velar como Gobierno por el interés de los españoles», dijo.

Esta medida va de la mano del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que se prevé sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas renovables más antiguas (en torno a 6.500 millones anuales) y repartirlo entre todos los sectores energéticos, con el objetivo también de abaratar el recibo, que ha sido elevado también este martes por el Consejo de Ministros a proyecto de ley para su remisión a las Cortes, tras superar el periodo de consulta pública.

Con ambas medidas, el Gobierno prevé abaratar el recibo de la luz para los consumidores en torno a un 15% al final de un horizonte de cinco años, ya que la aplicación del denominado ‘fondo verde’ es gradual -un 20% cada uno de los cinco años-.