El documento fue aprobado con 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones.
La nueva ley que recibió tanto respaldo, como duras críticas, estipula crear, entre otras cosas, un organismo supervisor comunitario. En opinión de la eurodiputada francesa Catherine Griset, esta estructura podría usurpar los poderes de las autoridades nacionales para supervisar el espacio mediático.
Las nuevas normas obligan a los medios a revelar sus propietarios y las fuentes de financiación, tanto de publicidad o de subvenciones gubernamentales.
Esto también se aplica a la financiación recibida fuera de la Unión Europea.
En cuanto a los medios estatales, la ley exige que garanticen en sus publicaciones el «pluralismo de opiniones» y una cobertura imparcial de los acontecimientos.
Las autoridades nacionales, por su parte, deben proporcionarles a estos medios financiación estable, garantizar la transparencia y independencia la política editorial, y eliminar la discriminación en el nombramiento de los dirigentes de dichas estructuras.
Las autoridades de los países de la UE también deberán informar a la Comisión Europea sobre el gasto en publicidad en los medios y en las plataformas de internet.
Otra medida es la prohibición del uso de programas espía, sin embargo, se mencionan ciertas exenciones.
En concreto, las autoridades podrán utilizar programas espía contra los periodistas bajo supervisión judicial si se trata de delitos graves o los intereses nacionales.
