La intención del Gobierno es tramitar por vía de urgencia la nueva Ley de Vivienda, que todavía no tiene claros los apoyos parlamentarios. Una de las medidas estrella de la normativa es el control de precios de los alquileres en base a un nuevo índice que deberá desarrollar el Ejecutivo en un período máximo de 18 meses tan pronto como sea aprobada. Sánchez ha asegurado que “intentaremos reducir” ese plazo “si es posible”, pero ha recordado que “hay que tener en cuenta que es un tema de cierta complejidad”. “Hay que recabar la información y no todas las comunidades autónomas la tienen en el mismo nivel de detalle”, ha defendido.
Por otro lado, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que también ha comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros, ha reconocido que es “uno de los temas que más preocupa a los colectivos de la sociedad civil”, por lo que ha prometido que “no pondremos a trabajar desde este mismo momento” para elaborar estos índices.
La Ley de Vivienda nace con el objetivo de “evitar la especulación”
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda, que ahora pasará al Congreso para su tramitación. La ministra Sánchez ha asegurado que la nueva normativa nace para “evitar la especulación”, por lo que “nadie debería ver en ello una colisión con el derecho a la propiedad, que esta ley también establece”. “No va en contra de los propietarios sino de la especulación”.
“Es hora de dejar atrás las burbujas inmobiliarias”, ha abundado Belarra, que ha recordado que entre 2015 y 2020 alquileres han subido hasta 50%, lo que a su juicio “ha beneficiado a fondos de inversión y grandes rentistas”. Esta ley “protege a inquilinos e inquilinas”, pero también “se lo pone fácil a los pequeños propietarios”, ha defendido.
Competencias autonómicas
Asimismo, el Gobierno “entiende las funciones consultivas” del CGPJ, por lo que “se han incorporado algunas de las observaciones” realizadas por el Poder Judicial, ha asegurado la ministra Sánchez. Sin embargo, la nueva norma “no invade ninguna competencia autonómica”, ya que es “competencia exclusiva del Estado” garantizar el acceso de los ciudadanos a sus derechos reconocidos en la Constitución, como es el derecho a una vivienda digna.
Tal y como ha asegurado la ministra de Agenda Urbana, no solo “respeta plenamente” la competencia autonómica, sino que además pone a disposición de las administraciones regionales otros instrumentos que consideren necesarios en esta materia.
