En su comunicado al regulador, Iberdrola señala que ha recibido el auto por el que se acuerda la citación en calidad de investigados de Fernando Becker y Rafael Orbegozo, ex empleados de Iberdrola, y de Francisco Martínez Córcoles, director General de los Negocios (Business CEO), e Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola. “Cabe recordar que estas citaciones se producen en la fase de instrucción (fase de investigación o preparatoria) y tienen como objetivo escuchar a las personas afectadas garantizando todos sus derechos”, recuerda la compañía.
“Como consecuencia de las noticias e informaciones aparecidas en prensa, los órganos sociales, la Comisión Ejecutiva Delegada y el propio Consejo de Administración de Iberdrola, han valorado la situación y su impacto sobre la compañía”. A este respecto, “tal y como se informó mediante comunicación a la CNMV y al propio juzgado el pasado 25 de mayo, la Comisión Ejecutiva Delegada dejó constancia de que, desde el primer momento y de manera continua, el Consejo de Administración y las Comisiones de Iberdrola había actuado de conformidad con el Sistema de gobernanza y sostenibilidad, impulsando todas las actuaciones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos con la información que ha sido conocida en cada momento y dando traslado de dichas actuaciones a las autoridades judiciales”.
Asimismo , “para la mejor protección del interés de Iberdrola y sobre la base de la confirmación de las conclusiones alcanzadas en las investigaciones internas realizadas y en coherencia con su ánimo de remitir al juzgado cualquier información relevante, se acordó poner a todos los administradores y empleados de Iberdrola a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº 6 para que, en la medida en que lo considerase necesario y tan pronto como fuese posible, comparezcan para proporcionar su testimonio y, de esta manera, facilitar la finalización de la investigación en curso”. “Dicha decisión fue oportunamente comunicada en la misma fecha al Juzgado Central de Instrucción nº 6. Las citaciones recibidas son una vía para esclarecer una investigación en la que Iberdrola ha actuado con la máxima transparencia desde el primer momento”.
Finalmente, la Comisión Ejecutiva Delegada dejó constancia expresa de que, conforme a las conclusiones de la investigación interna y del informe ‘forensic’ independiente encargado a PwC, “no se ha puesto de manifiesto la comisión de ningún tipo de ilegalidad o irregularidad ni de ninguna conducta inapropiada (ni indicio alguno de su posible comisión) por parte de los miembros del Consejo de Administración ni de la Alta Dirección en relación con los hechos del denominado Caso Villarejo”.
“A la vista de todos los antecedentes y, en particular, teniendo en cuenta la completa investigación interna realizada, el informe ‘forensic’ irrealizado por PwC, el seguimiento exhaustivo y la detallada información recibida a lo largo de todo este proceso por el Consejo de Administración y sus Comisiones, y la evaluación continuada por parte de los órganos sociales de la situación y de la actuación de las personas involucradas, se acordó dar por debidamente cumplidas las obligaciones establecidas en el Sistema de gobernanza y sostenibilidad de la sociedad y en las recomendaciones del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas para el caso de que algún miembro del Consejo de Administración fuera llamado como investigado en el procedimiento penal, sin que se considerara preciso la adopción de medida alguna y ratificando el apoyo a la gestión realizada”, señala Iberdrola.
La empresa “continuará monitorizando, en aplicación de su Sistema de gobernanza y sostenibilidad, la evolución del Caso Villarejo y prestando su absoluta colaboración a la Administración de Justicia con el ánimo de conseguir, a la mayor brevedad posible, el total esclarecimiento de los hechos investigados”, concluye en su comunicado al regulador.
