El BCE señala que el impuesto italiano grava los ingresos de interés netos de 2023, año en el que las instituciones financieras «podrían registrar menores beneficios o pérdidas justo en el momento en el que la tasa se recaude» y que no tiene en cuenta el ciclo económico completo. Asimismo, el decreto ley mantiene el impuesto incluso si el ente registra pérdidas en el componente de los beneficios que no derivan de los intereses netos.
El BCE ha indicado que se debe ser «prudente» para evitar que el impuesto imposibilite a las instituciones crediticias construir reservas de capital adecuadas o provisiones frente a deterioros en la calidad de sus activos. Especialmente, si el gravamen va a tener una mayor incidencia sobre bancos pequeños que se concentran en conceder préstamos, mientras que las entidades con más peso tienden a percibir sus ingresos por otras vías.
Además, añade que el daño a la solvencia «hace peligrar» la transmisión «suave» de la política monetaria hacia el resto de la economía y hace al sector bancario «menos resiliente ante ‘shocks’ económicos». Por otro lado, unos mayores costes y las restricciones al crédito podrían «afectar de manera adversa al crecimiento económico» en general.
Según el BCE, los efectos netos de unos tipos más altos pueden ser «menos positivos o, incluso, negativos» en el largo plazo frente a lo estimado, ya que el endurecimiento de la financiación restringe la necesidad de crédito por parte de los agentes económicos e incrementa la morosidad.
Del lado inversor, el instituto emisor ha recordado que el impuesto puede dificultar la atracción de capitales y de financiación por parte de las entidades afectadas ante un «panorama más sombrío». Además, el BCE rechaza la retroactividad del impuesto italiano, ya que daña la «confianza de los inversores» y podría derivar en dificultades legales sobre su aplicación.
A nivel europeo, el BCE asegura que el impuesto «fragmenta el sistema financiero» del continente, genera riesgos de doble imposición, «distorsiona el mercado» y «lesiona la resiliencia del sector bancario».
El BCE ha advertido de que el decreto por el que se aprobaba el impuesto a la banca italiano no venía acompañado de un memorándum que justificase la necesidad del tributo. No obstante, ha asumido que el motivo es tratar de financiar los costes para familias y empresas dado el entorno de tipos altos, pero ha recordado que es importante separar este tipo de impuestos de la recaudación general que hacen los Estados para evitar el abuso de un tributo que se supone extraordinario en los planes de consolidación fiscal nacionales.
Por otro lado, la institución que dirige Christine Lagarde ha advertido de que el impuesto no aclara cuál es el tratamiento al que se verán sometidas entidades con procesos de adquisiciones o fusiones abiertos durante el periodo de vigencia del impuesto, ni cómo esta circunstancia afectará al cálculo de la cantidad a abonar.
