Según la autoridad monetaria, la pandemia está mostrando una «especial incidencia negativa» en algunos colectivos de trabajadores particularmente vulnerables, aquellos con contrato temporal, más jóvenes y con rentas más bajas.
De esta forma, asegura que parece «probable» que la crisis económica actual acabe elevando los niveles de desigualdad en la sociedad española, a pesar de las medidas que las autoridades han desplegado para mitigar los efectos adversos de la pandemia sobre las rentas y la liquidez de los hogares.
Por ello, la autoridad monetaria aboga por analizar las distintas políticas de transferencias sociales que están en vigor en diversos ámbitos de la Administración Pública, incluidas la sanidad y la educación, así como el funcionamiento del sistema impositivo.
«El objetivo sería valorar si, en su conjunto, estos instrumentos permiten alcanzar el grado de redistribución de recursos que la sociedad demanda y si su operativa es lo suficientemente eficiente», reitera el Banco de España, que añade que el grado de redistribución de estas políticas en España es menor que el observado en la media de la UE.
En concreto, destaca que la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) en mayo de 2020 supuso la introducción de un mecanismo de redistribución que podría contribuir «significativamente» a paliar la pobreza extrema en España hasta el 1,5% desde el 5,7% actual, según datos del INE.
Para el Banco de España, podría resultar adecuado considerar una posible extensión del IMV a algunos colectivos que, de acuerdo con el diseño inicial de este instrumento, no son elegibles, pero que también se encontrarían en situación de riesgo de pobreza extrema.
Por ejemplo, afirma que esta situación podría afectar a ciertos hogares con rentas bajas que incumplen la condición necesaria para recibir el IMV en cuanto al nivel de patrimonio, principalmente, por la posesión de activos inmobiliarios de reducido valor, y a algunos hogares con más de dos adultos.
Vivienda en alquiler
Mitigar los efectos adversos que supone la desigualdad también exige favorecer un incremento estable de la oferta de vivienda en alquiler, según el Banco de España, que apuesta por favorecer un incremento sostenido de la oferta de vivienda de alquiler, lo que contribuiría «a evitar un aumento excesivo del precio de los alquileres».
En particular, dice que podría considerarse una combinación de estímulos fiscales a los propietarios de los inmuebles, de mejoras regulatorias que incrementen la seguridad jurídica de estos y de un mayor énfasis de las políticas públicas en la provisión de vivienda pública en alquiler.
Por último, aboga también para reducir la desigualdad por abordar las deficiencias estructurales que presenta el mercado laboral español y que afectan especialmente a los jóvenes y elevar su nivel de formación.
