El Tribunal Supremo ha condenado al consejero delegado de Banco Santander, Alfredo Sáenz, a tres meses de arresto y de inhabilitación para ejercer cualquier actividad bancaria por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida en 1993. El banquero pedirá el indulto y presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Los magistrados del Supremo, que han tardado tres meses en redactar la sentencia, han decidido finalmente rebajar la pena que impuso a Sáenz la Audiencia Provincial de Barcelona en diciembre del 2009, en la que el banquero fue condenado a seis meses de prisión por el delito de acusación y denuncia falsa. La sentencia conocida hoy, que incluye una multa de 400 euros para Sáenz, ha contado con un voto particular formulado por uno de los magistrados, que ha discrepado de la condena acordada.
Según un comunicado oficial del Banco Santander, el consejero delegado solicitará a la sala de la Audiencia Provincial de Barcelona la suspensión de la ejecución de la sentencia, con base al indulto solicitado y al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, hasta tanto se decidan los mismos.
Si la Audiencia Provincial suspende la ejecución de la sentencia, el recurso de amparo presentado por Sáenz tardará en resolverse entre dos y cuatro años. Tal y como han señalado fuentes jurídicas a EL BOLETÍN, las penas impuestas a Alfredo Sáenz son muy leves, pero sin la petición del indulto tendría que cesar como consejero delegado, según la normativa bancaria.. La práctica generalizada es que los tribunales admitan dicha suspensión de sentencia mientras se resuelve el indulto siempre y cuando las penas sean leves, como es este caso.
El consejo de administración de la entidad, “desde el máximo respeto a las decisiones judiciales, le ha ratificado [a Alfredo Sáenz] su confianza para que continúe en el desempeño de sus funciones como consejero delegado del banco”, según un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los hechos que han dado lugar a esta condena se produjeron en 1994, cuando Sáenz desempeñaba funciones como administrador provisional y presidente ejecutivo de Banesto, puesto para el que había sido nombrado por el BdE tras la intervención del banco presidido por Mario Conde en diciembre de 1993. La actuación de Sáenz que ha motivado la condena se produjo al presentar Banesto una querella por estafa contra Pedro Olabarría y Luis Fernando y José Ignacio Romero, para la recuperación de un crédito de 600 millones de pesetas.
