La resolución tendrá forma de Directiva y una vez que los líderes la aprueben en el Consejo será obligatorio que todos los estados miembros la introduzcan en la legislación nacional en el transcurso de 2023.
Esta nueva directiva es consecuencia del acuerdo alcanzado por 140 países de la OCDE y el G-20 el 8 de octubre de 2021 sobre la reforma fiscal internacional, así como sobre un plan de aplicación detallado. Los debates para su aplicación en la UE han concluido satisfactoriamente y pretenden evitar las estratagemas que utilizan las grandes corporaciones multinacionales para evitar el pago de impuestos amparándose en estados en los que existen unas reglas más laxas. Dentro de la UE estados como Irlanda, Luxemburgo u Holanda han sido acusados con frecuencia de tolerar a las multinacionales una reducción impositiva con respeto al resto de los países comunitarios.
La reforma de las normas internacionales del impuesto de sociedades propuesta por la OCD y el G-20 consta de dos pilares: el primero consiste en aplicar el nuevo sistema de asignación de tributos sobre las mayores multinacionales a las jurisdicciones donde se obtienen los beneficios, evitando así que trasladen a paraísos fiscales. El elemento clave de este pilar será un convenio multilateral. Ahora se está trabajando en los detalles técnicos del mismo.
El segundo pilar está destinado a reducir las oportunidades de erosión de la base imponible y desplazamiento de beneficios, para garantizar que los mayores grupos multinacionales de empresas paguen un tipo mínimo del impuesto de sociedades que será de al menos el 15%. Desde diciembre de 2021 cuando la Comisión presentó su propuesta de directiva al respecto se ha venido negociando entre todos los estados hasta alcanzar el acuerdo de anoche.
