Objetivo: blindar el Canal de Isabel II de cualquier intento de privatización

La Plataforma contra la Privatización del Canal presenta ante la Asamblea de Madrid su modelo de gestión pública del agua. La Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII) comparece hoy, a petición de Podemos y con el apoyo del PSOE, en la Comisión de Presidencia de la Asamblea de Madrid para exponer su propuesta de modelo de gestión pública del ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid.
 
Durante la comparecencia se concretará la propuesta de ley preparada por la Plataforma, que recoge lo fundamental del ‘Acuerdo por una gestión pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid’ -suscrito por más de 30 organizaciones políticas, sociales y sindicales en enero de 2015- y que entronca directamente con diversas resoluciones aprobadas en la Asamblea de Madrid y con las mociones que se han aprobado en decenas de ayuntamientos de la comunidad, que suponen más de cinco millones de habitantes, según informa la (PCPCYII) en un comunicado.
 
La propuesta de ley que presentará la Plataforma «está destinada a paralizar definitivamente la privatización del Canal de Isabel II, revocando las medidas legislativas que la propiciaron e impulsar la reversión de la actual sociedad anónima a una entidad de derecho público». Y en ella «se propugna un modelo de gestión basado en la asunción del derecho humano al agua y el saneamiento, y garantiza su carácter público de carácter no mercantil y sin ánimo de lucro, transparente, participativo, con rendición de cuentas y con fácil acceso a la información, sostenible social, económica y medioambientalmente, y respetuoso con las competencias de los ayuntamientos.»
 
En el acuerdo en el que se basa la propuesta, un documento de 9 puntos suscrito en enero de 2015,  se propone, entre otras cuestiones, una gestión 100% pública del Canal de Isabel II, sin ánimo de lucro, cuyo fin exclusivo sea la eficaz gestión del agua como un bien de interés común en el que haya también un control con participación ciudadana a través de un Observatorio del Aguaintegrado por organizaciones y movimientos sociales, asociaciones de vecinos, asociaciones de usuarios, sindicatos, ON`, instituciones académicas, expertos y ciudadanos preocupados por los problemas del agua, cuyo objetivo será controlar y evaluar la gestión del Canal de Isabel II.
 
En la gestión se perseguirá la calidad del servicio y el acceso al agua como un derecho, asumiendo el compromiso de no cortar el suministro en caso de impagos justificados social y económicamente.
El acuerdo apuesta también por un sistema de tarifas basada en los criterios de equidad y por la eliminación de las empresas del grupo Canal que no estén relacionadas con la estricta gestión del agua en Madrid.
 
Hay que recordar que desde que en junio de 2012 se constituyera Canal Gestión S.A. como instrumento necesario para la futura privatización que pretendía hacer Esperanza Aguirre, la citada plataforma la criticado duramente por considerar que con esta sociedad la gestión del agua «sale de la regulación pública pasando al derecho privado que facilita la opacidad, favoreciendo, por tanto, la discrecionalidad de sus actividades y hurtando su funcionamiento al control público, político y ciudadano».