Sánchez ya había acordado el traspaso de la gestión de esta prestación para Cataluña, el pasado 21 de diciembre, en su reunión con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, y de esta forma se extiende para el resto de CCAA.
«Se aprueba la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a todas aquellas comunidades autónomas de régimen común que así lo deseen y de esta forma se equipararán con las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido», ha avanzado Sánchez, este miércoles, en la rueda de prensa.
Ante este anuncio, ya son varias las comunidades que han manifestado su deseo de solicitar la cesión de la gestión de la prestación. Así, la Junta de Andalucía ha recordado que ya pidió en septiembre de 2022 una reunión con el entonces ministro José Luis Escrivá, para pedir la «cogestión» del Ingreso Mínimo Vital, según han precisado a Europa Press fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.
Las mismas fuentes han remarcado este miércoles que la cesión de la gestión de este recurso a la que se ha abierto el Ejecutivo central para las comunidades autónomas con régimen común que lo soliciten debe ir acompañada también de una cesión de «los recursos y fondos necesarios para gestionar esta prestación».
También la Junta de Castilla y León ha avanzado que solicitará al Gobierno central la gestión del IMV. En concreto, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional, Castilla y León sí reclamará la gestión del IMV como ya lo ha solicitado en varias ocasiones desde 2020 para conseguir su traspaso en las mismas condiciones que se realizó con el País Vasco.
Según recuerdan, la consejera de Familia, Isabel Blanco, ya lo reclamó en abril y mayo de 2020 y, posteriormente, en junio del mismo año fue el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien envió una carta a Pedro Sánchez para solicitar el traspaso de esta prestación con el fin de garantizar «la igualdad entre las personas, sea cual sea su territorio de residencia».
Además, en septiembre de 2020, las Cortes de Castilla y León aprobaron una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP para avanzar en la gestión del IMV, cuya argumentación se basaba en la experiencia de la Comunidad sobre la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).
Galicia también ha pedido ya en diversas ocasiones el traspaso de la gestión de esta prestación. Ya lo solicitó el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, hace más de un año, en una carta dirigida al ministro José Luis Escrivá, y también la conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, se lo solicitó recientemente en otra misiva a la nueva ministra del ramo, Elma Saiz.
En Galicia valoramos positivamente o anuncio da transferencia da xestión do IMV ás comunidades de réxime común e confiamos que esta vez a palabra do Goberno central si se cumpra, porque tiñamos o compromiso desde hai moito tempo. Na Xunta entendemos que aforraremos as numerosas incidencias derivadas da mala xestión de todos estes anos e cómpre recordar que moitos galegos apostaron por permanecer na RISGA pola súa fiabilidade.
En este sentido, fuentes de la Xunta han señalado a Europa Press que solicitarán próximamente al Ministerio una reunión bilateral para analizar y estudiar conjuntamente las condiciones del anuncio. En Galicia valoramos positivamente el anuncio del traspaso de la gestión del IMV a las comunidades de régimen común y confiamos en que esta vez se cumpla la palabra del Gobierno Central, porque teníamos el compromiso desde hacía mucho tiempo», aseguran.
Así, entienden que «evitarán» las «numerosas incidencias» derivadas de la mala gestión de todos estos años y recalcan que «muchos gallegos optaron por permanecer en RISGA por su fiabilidad».
«Tenemos la experiencia contrastada y con la gestión del IMV nos acercamos a la posibilidad de optar por la ventanilla única de entrada de solicitudes y poder ser más ágiles en la tramitación, lo que beneficiará considerablemente a los potenciales beneficiarios», añaden.
Baleares ha indicado que «a priori» prefiere gestionar la prestación pero que antes quiere saber cómo se transferirá y con qué recursos. Así lo han explicado fuentes de la Conselleria de Familias y Asuntos sociales, precisando que quieren conocer «la letra pequeña», puesto que si tiene que ser con los recursos que ya tiene la Conselleria, es «insuficiente».
Por su parte, la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que este tema «debe tratarse en la Conferencia Sectorial» y que una vez que se le traslade y se lleven a cabo las reuniones «se valorará por cada comunidad».
Mientras, fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han señalado a Europa Press que hasta el momento solo conocen la voluntad de llevar a cabo la cesión en la gestión y que están en disposición y abiertos a escuchar la propuesta, las condiciones de la cesión y la manera de hacerlo y, en función de ello, estudiará la propuesta que se haga a las comunidades autónomas para poder decidir.
Desde el Gobierno murciano han señalado a Europa Press que lo que está haciendo el Gobierno central es ceder a las comunidades la gestión de una ayuda que «ha demostrado su incapacidad para conceder con agilidad». «Necesitamos conocer con detalle en qué condiciones se realizaría la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas ya que para poder asumir dicha gestión es necesario que exista además una dotación presupuestaria destinada a la contratación de personal. En el caso de la Región de Murcia, la estimación supondría la contratación de 60 personas», añaden.
En similares términos, fuentes del Ejecutivo de La Rioja han apuntado que tienen que estudiar el decreto y ver el detalle de las condiciones en concreto, algo que «lleva tiempo». «Es una cuestión de calado que requiere un estudio pormenorizado», apuntan.
El Ingreso Mínimo Vital se puso en marcha el 1 de junio de 2020, en el primer año de la pandemia de la Covid-19, y entonces, el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, que dirigía José Luis Escrivá y que ahora encabeza Elma Saiz, preveía que esta prestación llegara a 850.000 hogares.
Si bien, por el momento, a finales de noviembre, el IMV había llegado a 710.341 hogares (en los que viven 2.079.233 personas), es decir, 139.659 hogares menos que los previstos inicialmente. Además, el Gobierno estima que a finales de 2023 se alcance una cifra de 2.150.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, incluyendo País Vasco y Navarra, según señala el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a una pregunta por escrito del grupo parlamentario Vox, a la que ha tenido acceso Europa Press.
