No ha pasado ni un mes desde el fin de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que duró más de dos meses, y estalla una nueva protesta. Esta vez, los protagonistas son los funcionarios. Este colectivo para ante la negativa del ministerio a negociar mejoras salariales. “Han cerrado las puertas a la negociación colectiva forzándonos intencionadamente a esta convocatoria de huelga”, afirma Luis Calero, secretario general del sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO.
Según el sindicato, los trabajadores y las trabajadoras de las oficinas judiciales y fiscales “no comprenden y ni pueden aceptar que solo se mejoren (en 450 euros mensuales) las retribuciones del cuerpo de Letrados y Letradas y en cero euros las del resto, quienes precisamente realizan más del 90% del trabajo al constituir el 93% del total de las plantillas”.
“Y, menos aún, que se imponga, sin negociar y a través de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LEO), un manifiesto deterioro de las condiciones de trabajo de este personal, abriéndose la vía para la destrucción de empleo público, para la rebaja del número de personas que perciben retribuciones especiales (por ejemplo, en juzgados de guardia o de violencia sobre la mujer o por realizar embargos y desahucios fuera de la sede judicial), o para que pueda imponerse la movilidad forzosa de un puesto de trabajo a otro”.
Así lo lamentan desde Comisiones, que critican que la ministra Pilar Llop “se jacta de su talante dialogante, pero demuestra día a día que el único diálogo que permite es el que no pone en duda sus propuestas”. Y es que, apunta el sindicato, “se ha negado a negociar la LEO y se niega negociar las mejoras retributivas para todo su personal (sí para una pequeña parte de él), sin importarle para ello incumplir las leyes que la obligan a la negociación colectiva de las condiciones de trabajo y los propios acuerdos que ha contraído con los sindicatos para hacer efectiva esa negociación.
Los sindicatos convocantes de esta huelga, CCOO, UGT, STAJ y CSIF, ha comenzado reuniones con los grupos parlamentarios del Congreso para pedir la paralización de la tramitación de la LEO hasta que no se acuerde su modificación con estas organizaciones. Esta misma semana e verán, adelantan, con Ciudadanos, PP y PSOE y la semana pasada ya tuvo lugar un encuentro con Unidas Podemos.
“Fruto de esta última”, explican desde COO, “este grupo político ha presentado ya varias preguntas a la ministra Llop para que informe al Parlamento sobre cuándo va a reunirse con los sindicatos para negociar la LEO”. También, “por qué no la negoció antes de enviarla al Congreso, qué propuestas de modificación de esta Ley ha hecho el Ministerio de Justicia a los grupos parlamentarios recogiendo las formuladas por los sindicatos y cuándo va a convocar la mesa de negociación para buscar una salida a la huelga convocada”
Para las organizaciones sindicales todo esto pone de manifiesto “que el nuevo deterioro que va a sufrir con esta huelga el servicio público de justicia, los nuevos retrasos que se van a acumular en una administración ya prácticamente colapsada, los evidentes perjuicios que va a sufrir la ciudadanía en su derecho a la tutela judicial efectiva, serán responsabilidad de la ministra de Justicia, que ha mostrado su incapacidad para gestionar los conflictos de su departamento”
