Nueva ampliación, y van dos, de la Comunidad de Madrid al contrato de seguimiento de los casos de Covid-19 para la UTE formada por Telefónica e Indra. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acordado que ambas compañías continúen con las labores de rastreo de contactos, claves para frenar la extensión de la pandemia, durante 45 días. ¿El importe? Casi 790.000 euros.
Una resolución de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, según recoge el Portal de la Contratación Pública de la región, establece una “segunda ampliación” para el seguimiento de aquellos contactos de personas que hayan dado positivos por coronavirus. Esta tarea ha estado en manos de la UTE Indra BPO-Indra-Telefónica, que seguirá haciéndolo.
“Ante la situación actual en España”, destaca la mencionada viceconsejería, “y con el fin de garantizar la seguridad, la salud de la población y el interés general, así como posibilitar una atención sanitaria adecuada a la población, se hace necesario acudir a la tramitación de emergencia” en lo relativo a los Contratos del Sector Público para proceder a esta extensión en la contratación de “los servicios, los suministros y las demás prestaciones”.
El “importe económico estimado” es de 652.500,00 euros sin IVA, que asciende a 789.525,00 euros impuestos incluidos. “El estudio del coste”, detalla la Comunidad, “se realiza en base a la estimación de llamadas que se van a gestionar y el coste por llamada de 2,90 € (IVA excluido), y una duración de 45 días”, que va desde el día 2 de octubre al 15 de noviembre.
En la primera ampliación la UTE BPO-Indra-Telefónica recibió 947.430 euros para un rastreo cuyo plazo de ejecución fue de 60 días desde el 3 agosto al 1 de octubre.
Previamente, con fecha del 29 de mayo, estas compañías ya se hicieron con esta adjudicación por vía de emergencia por más de 421.000 euros.
En total, el Gobierno de Ayuso ha desembolsado a esta UTE más de 2 millones de euros por la labor del rastreo del covid.
