En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Rodríguez ha explicado que la falta de apoyos parlamentarios le impide utilizar este mecanismo constitucional para obligar a las regiones a cumplir la normativa estatal en materia de vivienda.
Tras la aprobación de la Ley de Vivienda, el Gobierno defiende su aplicación como una herramienta clave para frenar el aumento de los precios del alquiler y ampliar el parque de vivienda protegida, aunque reconoce las limitaciones del marco competencial.
La ministra reconoce que el artículo 155 sería una opción si existiera mayoría suficiente en el Senado
Rodríguez ha afirmado que, de haber contado con mayoría en la Cámara Alta, ya habría impulsado la aplicación del artículo 155 a aquellas comunidades que no cumplen la ley. Según ha señalado, se trata de una forma de evidenciar los límites que impone el marco constitucional.
La ministra ha asegurado que le genera frustración disponer de una herramienta legal como la Ley de Vivienda, que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler, mientras en la Comunidad de Madrid los precios están registrando subidas de dos dígitos en términos porcentuales.
Rodríguez contrasta la congelación de precios en Cataluña con las subidas de dos dígitos en Madrid
La responsable de Vivienda ha insistido en que, como demócrata, está obligada a respetar el reparto de competencias y el orden constitucional, aunque ha reiterado que le gustaría intervenir en comunidades que no están asumiendo sus responsabilidades en esta materia.
Rodríguez ha añadido que incluso estaría dispuesta a que el Estado asumiera la competencia en vivienda en aquellas comunidades que no quieran ejercerla, aunque ha subrayado que esa posibilidad no es viable sin los apoyos parlamentarios necesarios.
| Comunidad autónoma | Aplicación de la Ley de Vivienda | Evolución del alquiler |
|---|---|---|
| Cataluña | Regulación activa de precios | Congelación de los alquileres |
| Comunidad de Madrid | No aplica la norma estatal | Subidas de dos dígitos |
La ministra ha recordado que la Ley de Vivienda permite al Gobierno instar a las comunidades autónomas a regular los alojamientos turísticos y de temporada, así como a impulsar la vivienda protegida como eje central de la política pública.
Rodríguez ha advertido, no obstante, de que la construcción de viviendas requiere plazos largos y no ofrece soluciones inmediatas, pese a ser el objetivo prioritario del Ejecutivo.
El Gobierno defiende la ley como herramienta para regular alquileres y ampliar la vivienda protegida
La titular de Vivienda ha denunciado que durante décadas España no se tomó en serio el derecho constitucional a la vivienda, recordando que el país tardó 45 años en desarrollar una ley específica en esta materia.
Rodríguez ha calificado de “gran anomalía” que en España exista menos vivienda social que alojamientos turísticos, una situación que, según ha afirmado, el Gobierno está tratando de revertir mediante nuevas políticas públicas y regulación del mercado.
La ministra ha defendido que el derecho a la vivienda no es un derecho secundario, sino un derecho plenamente reconocido en la Constitución, con un reparto competencial comparable al de otros servicios públicos esenciales.
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