El Gobierno aprobará este mecanismo para que las comunidades autónomas puedan aplicarlo en dichas zonas, que normalmente se corresponden con las grandes ciudades. En el caso de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha descartado en varias ocasiones aplicar esta medida, que ya estaba contemplada en el pacto de investidura de Pedro Sánchez.
Asimismo, el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de «congelación de precios e incentivos fiscales», de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.
Según han detallado fuentes de Unidas Podemos, se ha superado el principal escollo de la negociación, relativo a esas obligaciones para grandes propietarios, que quedarán definidos como aquellos que dispongan de 10 o más viviendas. De esta forma, han detallado que habrá retirada a grandes tenedores de «privilegios fiscales».
Mientras, se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías que podrán aplicar los ayuntamientos, y la futura normativa también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de éste 30%, la mitad para alquiler social).
