En las últimas semanas, algunas empresas españolas tradicionales, con marcas bien establecidas en el mercado, como Panrico o Fagor, han sufrido duros reveses En las últimas semanas, algunas empresas españolas tradicionales, con marcas bien establecidas en el mercado, como Panrico o Fagor, han sufrido duros reveses como consecuencia de la crisis. Lo cierto es, sin embargo, que los ‘donuts’ y los ‘bollycaos’ no han dejado de venderse y que los electrodomésticos de la compañía vasca no han sufrido tampoco, en ningún caso, un deterioro de su imagen que justificara el desplome. No se trata de eso.
Son simples víctimas de los rigores de una crisis que, en mayor o menor medida, también ha pasado ya factura, en forma de despidos y eres, a muchas otras firmas con características similares, cuya implantación en el mercado era fuerte y cuyos productos llevan también años instalados en los hogares nacionales. La lista es larga e incluye iconos como Dhul o Pescanova, muy perjudicados por sus gestores en este caso, Chocolates Hueso, TecniToys, la fabricante de Scalextric, Flex, Pikolín, Marco Aldany, Caramelo y Roca.
Todas ellas, en mayor o menor medida se han visto golpeadas por la crisis y han cerrado fábricas, despedido empleados y puesto en peligro la supervivencia de poblaciones enteras que, durante muchos años, vivieron casi exclusivamente del trabajo que se desarrollaba en estas plantas de producción.
Sin duda en el ocaso de estas empresas de toda la vida habrán influido algunos errores de gestión, la falta de algún ajuste de empleo o condiciones laborales que era necesario para asegurar la supervivencia y, a lo mejor, hubieran necesitado más empuje para implantarse en los mercados internacionales. Pero, en cualquier caso, estos no han sido los principales problemas a los que han tenido que enfrentarse.
El verdadero origen de todas estas catástrofes se encuentra en dos asuntos con los que el actual Gobierno tiene una relación muy estrecha: la casi total ausencia de crédito y la debacle sufrida por el consumo interno español que languidece a velocidad de vértigo, sin que se atisbe nada en el horizonte que indique la cercanía de un cambio de tendencia.
Más bien al contrario, el Ejecutivo de Rajoy, parece dispuesto a hacer todo lo que este en su mano para agravar la enfermedad. Eso es lo que parece desprenderse de la puesta en marcha de políticas, como la reforma laboral, o la de las pensiones, que atacan directamente al poder adquisitivo de los ciudadanos en un momento en que hacen falta consumidores con capacidad de compra para reactivar un empleo que sigue sumido en el fondo del pozo.
También del hecho de que un sector bancario rescatado con ingentes cantidades de ayudas públicas, españolas y europeas, que pagaremos todos los contribuyentes, siga sin dar créditos, ni contribuir a la recuperación económica.
Y en medio del desastre, para acabar de arreglarlo, surgen propuestas desde el campo empresarial que sólo abundan en la necesidad de abaratar el despido y rebajar las nóminas, como las últimas puestas en circulación por el presidentes de la CEOE, Joan Rosell. Parece que estos empresarios se han olvidado completamente de que los ingresos, y no los costes, son la parte fundamental de la cuenta de resultados y de que empobrecer a la población nos les va a traer nuevos clientes.
Claro que a lo mejor su negocio es otro y nunca se han propuesto, en realidad, vivir de la venta de lo que producen. Si no sería difícil asimilar el hecho de que no se recuerde ninguna propuesta o iniciativa pensada para animar el consumo y estimular las ventas de toda esta cuadrilla de notables que acampa en la calle Diego de León de Madrid.
De allí sólo surgen ideas pensadas para despedir con más facilidad y a menor precio. Y además, su penúltimo vicepresidente, sin embargo, aquel Gerardo Díaz Ferrán que cuando se inició la crisis pedía que «se suspendiera temporalmente el capitalismo», vive ahora en la residencia de Soto del Real con los gastos pagados por el Estado, gracia que ha logrado por sus propios e indiscutibles méritos.
