Cuenta un amigo que vive fuera de España que, desde hace ya una temporada, en las principales capitales europeas, cuando se conocen las últimas noticias que llegan desde aquí, cunde la incomprensión y abundan los incrédulos que nos miran como a bichos raros.
Esta tendencia, por cierto, se habría acentuado a raíz de los últimos capítulos de la ‘nueva temporada’ del caso Bárcenas. Un turbio asunto que implica, nada más y nada menos, que al extesorero del partido en el poder que, además fue nombrado, por el presidente de esa formación política que es también el presidente del Gobierno. Y ante la incredulidad de quienes nos observan frente al exterior, a pesar de eso, no se produce, ni se ha producido, ningún debate político sobre este particular, ni en el Parlamento, donde reside la soberanía popular, ni en ninguna otra instancia asimilable a esta.
Esa misma extrañeza ha quedado patente también en las crónicas, las noticias y hasta las columnas de opinión que se han publicado durante estos días en la prensa internacional sobre España. Y, además, se corresponde con una realidad. La que configura el PP hurtando, gracias a su mayoría absoluta, cualquier posibilidad de que Mariano Rajoy se explique por lo menos hasta septiembre. Pero, también cuenta en el debe de la democracia española el hecho de que la oposición no quiera plantear una moción de censura, el único instrumento de que dispone para superar ese bloqueo y forzar el necesario debate.
En medio del marasmo, también han empezado a entrar en acción los componentes de ese grupo que integran los analistas financieros internacionales y sus asimilados, cuyas opiniones pueden tener mucha influencia en los movimientos de los mercados, en la suerte que pueda tener España en ellos, y en la evolución de una economía que sigue en crisis y en la que no se ven demasiado claros los supuestos indicios de recuperación de los que se habla desde el Ejecutivo.
Pues bien, estos líderes de opinión financieros han empezado a escribir notas para sus clientes en las que explican que, en España se abre la posibilidad de un anticipo electoral a menos que Rajoy presente su dimisión como presidente del Gobierno. Creen que la nueva mutación del ‘caso Bárcenas’ configura un escenario político más complicado que el de febrero, cuando se produjeron las primeras filtraciones y que para esquivarlas ahora el PP tendría que hacer cambios en su cúpula.
También anticipan que, en caso de elecciones anticipadas ni el PP ni el PSOE estarían en condiciones de formar gobierno con una mayoría clara. Lo que forzaría las coaliciones. Nada insalvable si no fuera por la presión creciente de un descontento social que puede provocar a medio plazo una mutación de las protestas hasta convertirlas en mucho menos pacíficas de lo que son ahora. Con las correspondientes consecuencias negativas para el entorno empresarial.
Lo cierto es que la ausencia de responsabilidad ante los ciudadanos que exhiben los políticos españoles resultaría increíble en cualquier democracia madura y va a pasar una cuantiosa factura al final. A la clase política y al país. Van a pagarse muy caros, los mecanismos de negación y ocultación de la evidencia que exhibe el PP y los tacticismos de un PSOE tan desconcertante como desconcertado, a los que, por cierto, parece haberse unido el sector mayoritario de IU que tampoco se muestra entusiasmado con promover esa ‘moción de censura’ que obligaría a Mariano Rajoy a explicarse, salvo que estuviera dispuesto a hacer un monumental ridículo, cosa que tampoco conviene descartar.
Y será así, porque no se puede continuar manteniendo unos comportamientos, casi gremialistas o de clase, que dan la espalda por completo a los ciudadanos, que son también los votantes, y que empiezan a saber que nada bueno pueden esperar de los representantes políticos que han elegido. La revelación llega en un momento en que, además, hay otros movimientos de carácter horizontal, como las distintas mareas y plataformas que han demostrado ya una capacidad para resolver problemas concretos de la que carecen los políticos. Y hay pruebas evidentes y perceptibles en casos como la Sanidad, las preferentes o los desahucios.
Sin embargo, de momento, esas fórmulas de participación política carecen de legitimidad y no se sabe cómo pueden evolucionar en el futuro, ni hasta dónde pueden llegar. Tampoco qué pensarán de ellos esos analistas financieros y esos inversores internacionales de los que hablábamos antes. Aunque no parece probable que esas nuevas fórmulas de movilización desaten muchas reacciones entusiastas en este selecto y reducido grupo.
