Los votantes votan unas siglas, un programa y unos candidatos, pero no para que luego hagan lo que quieran. Un Parlamento es una plaza pública donde se negocian leyes, presupuestos y controles al Gobierno; la Ley de la oferta y la demanda funciona en busca de pactos en las horas previas de las votaciones. Es bueno que los diputados o senadores lleguen a arreglos aunque esto no siempre es posible. Una Cámara Parlamentaria no debería estar sujeta sólo a la aritmética; la democracia tiene que buscar el bien común y con mucha frecuencia ese bien está en los acuerdos que se logren, no en las imposiciones de las mayorías.
Lo que no parece de recibo es el mercadeo de parlamentarios, que se ceden o se prestan, para formar grupos heterogéneos. Estos días pasados ocurrió en el Senado donde el PSOE contribuyó con nombres de su grupo a que los independentistas catalanes pudiesen constituir el suyo. No es la primera vez que este trapicheo se produce pero en esta ocasión, al tratarse de una ayuda a secesionistas, a parlamentarios que quieren utilizar su fuerza para separarse del resto de los españoles, el hecho trascendió más y se entendió menos.
Aunque hay quien ve en el gesto socialista la intención, plausible, de tender puentes para poder llegar a un entendimiento con los que propugnan la independencia, y probablemente esa sea la explicación, la realidad es que casi nadie lo entiende ni lo aprueba. Y no faltan los que amenazan en voz alta con no volver a votar a un partido que traicionó así su voto. Al margen de que pueda ser una iniciativa de Pedro Sánchez para granjearse apoyos a su investidura, el tráfico con parlamentarios es una traición a los votantes. Así se simple.
Los votantes votan unas siglas, un programa y unos candidatos, pero no para que luego hagan lo que quieran. Cambiar de partido se denomina transfuguismo y es algo muy censurable. Aunque tratándose de transfuguismo pactado entre los partidos no deja de ser una aberración. Si un partido no tiene suficientes senadores o diputados para constituir su propio grupo, es que los votantes no quieren que lo tenga. Prestar diputados para que ayudan a un adversario será legal, pero es una de esas iniciativas que tanto contribuyen a desprestigiar la política.
