El abogado español y presidente de la Asociación SOS Bebés Robados, Enrique Vila, ha presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la primera denuncia por un caso de bebé robado, después de que el asunto haya llegado hasta el Constitucional y fuera archivado por prescripción de delito.
Según ha informado a Efe el propio letrado, este es el primer asunto de bebés robados que había sido resuelto por el Constitucional y el primero que llega al citado tribunal europeo.
La denuncia tiene origen en el nacimiento de una niña en el Hospital Civil de Málaga el 12 de octubre de 1964. La hermana de esta niña defiende que ninguno de sus familiares vio el cuerpo del bebé supuestamente fallecido y que no consta documentación alguna sobre su defunción y circunstancias en las que se produjo el enterramiento, de forma que no se puede acreditar el deceso.
El asunto ha pasado por los juzgados de instrucción de Málaga, la Audiencia Provincial y el Constitucional. En todos ellos ha sido archivado por la prescripción de los delitos y, en el caso de la última instancia, por defecto formal.
«Ningún tribunal, incluyendo al Constitucional, ha entrado en el fondo del asunto, por eso alegamos ante el Europeo de Derechos Humanos la falta de recursos efectivos, la nula protección jurisdiccional de mi cliente y la falta de tutela judicial efectiva», ha señalado Vila.
En opinión de este abogado, el Estado español «debe actuar en un asunto tan grave como el de los bebés robados y tiene que hacerlo a través de lo tribunales para defender el derecho que tienen estas personas a unirse a sus familiares».
Por este motivo, en la citada denuncia ante el tribunal europeo –presentada a finales de la semana pasada– se reclama el pago de una indemnización a su cliente de 15.000 euros anuales y otros mil euros diarios mientras los tribunales españoles no reabran el caso.
Enrique Vila es autor de varios libros sobre casos de bebés robados y recientemente ha sido nombrado director en España de la organización en defensa de los derechos humanos Spmuda International Human Rights Comission, inscrita en el registro de la ONU.
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