Ana Botella tendrá desde hoy vía libre para entregar oficialmente la gestión de los kioskos del Parque del Retiro a grandes grupos empresariales. El Ayuntamiento de Madrid, amparado por la Justicia, ha iniciado el desalojo de estos centenarios establecimientos que hasta ahora pasaban de padres a hijos.
El Ayuntamiento procederá hoy al ‘desahucio’ del primero de los once bares-miradores que se encuentran distribuidos en el madrileño parque, una medida que ha emprendido sólo unos días después de que la Justicia dictaminase que los propietarios debían entregar las llaves tras perder la concesión y agotar la prórroga de seis meses concedida por el Consistorio a finales de 2011.
El kiosko afectado es el establecimiento número 3, ubicado en el paseo de Venezuela, junto al lago, cuya concesión ostentaba hasta ahora un hombre mayor que había heredado el negocio de su padre, tras pasar de generación en generación durante años. En este caso, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 32 de Madrid dio la razón al Ayuntamiento y acordó levantar las medidas cautelares impuestas y decretar la entrega de llaves.
Así lo ha indicado a EL BOLETÍN Ana Román, concejala del distrito de Retiro, quien ha confirmado que el Ayuntamiento procederá mañana al desalojo de otros dos quioscos, el número 4 y el número 7. Según la responsable, el Consistorio «sólo está cumpliendo con la ley», algo que ha avalado la Justicia madrileña al decretar la entrega de llaves de estos establecimientos.
Román ha asegurado también que el proceso de adjudicación, que finalizará en mayo, sigue su curso a pesar de que algunos de los antiguos gestores de los kioskos han intentado ralentizarlo. Al concurso abierto por el Ayuntamiento, que ha tenido una «demanda muy alta», también se han presentado los hasta ahora propietarios de estos tradicionales establecimientos, ha indicado la concejala.
De momento son cinco los afectados por la modificación de los pliegos de condiciones para gestionar los kioskos aprobado por el Gobierno municipal, un cambio que les ha impedido adjudicarse el concurso para llevar estos bares. Uno de ellos se resignó ante la pérdida de su negocio y, tal y como ha confirmado Román, entregó las llaves sin ningún problema, mientras que los otros cuatro abrieron un proceso judicial contra el Consistorio al entender que las nuevas condiciones para la adjudicación eran “irregulares”.
El Ayuntamiento dirigido por Ana Botella modificó los pliegos de condiciones de estas adjudicaciones a finales del año pasado, y aumentó las tasas mínimas desde los entre 10.000 y 19.000 euros actuales según la zona, hasta los 39.895 mínimos que fija el nuevo concurso público.
Con estos desalojos, y con la temporada a punto de empezar, la alcaldesa tiene vía libre para hacer oficiales las nuevas concesiones de los kioskos.
