2016, el año en que la libertad de expresión siguió tocando fondo

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información repasa un año aciago para las libertades. Resulta imposible ver un programa de archivo de Televisión Española sin pensar que aquello que se emitía en la década de los ochenta, de ninguna manera tendría hoy cabida en la pequeña pantalla.
 
La variación de los gustos, la ‘propagación’ de lo políticamente correcto o la creciente sensibilidad ante determinadas cuestiones sociales posiblemente hayan propiciado un cambio radical en los contenidos. Sin embargo, eso no es óbice para reconocer que gran parte de la nostalgia de aquellos tiempos modernos – viaje al centro de la tele – nace de una palpable y constante reducción en la libertad de expresión e información.
 
Así lo denuncia al menos la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que hace balance del 2016 calificándolo como “un mal año” para las libertades. En un artículo compartido en su página web, la plataforma de juristas repasa varios casos acaecidos a lo largo del año donde la libertad de expresión y las garantías individuales o colectivas quedaron en entredicho.
 
Por ejemplo, y posiblemente uno de los más flagrantes, el caso de los titiriteros de los carnavales de Madrid. Durante esta celebración, dos artistas permanecieron en prisión preventiva y sin fianza acusados de enaltecimiento del terrorismo por una simple obra de ficción donde, paradójicamente, denunciaban lo que después les ocurrió a ellos.
 
Otro asunto delicado para las libertades públicas y de información fue el primer aniversario de la ‘Ley Mordaza’. Se soplaron las velas del primer año mezcladas con los datos que aseguran que la Ley de Protección de la Seguridad se ha aplicado en 40.000 sanciones y que, al menos, cuatro periodistas han sido sancionados mientras cubrían hechos noticiosos para sus medios. Como el ejemplo de la periodista de Vice, Esther Yáñez.
https://twitter.com/EstherYez/status/747040390121918464

El 2016 también ha deparado sanciones “insólitas”, según la PDLI, como la multa a una joven por usar una mochila con la inscripción “All Cats Are Beautiful”, la sanción de 800 euros a una mujer por sacar una foto a un coche de policía mal aparcado o el hombre multado por llamar “escaqueados” a los policías de su pueblo en Facebook.
 
Un momento estrella de la violación de derechos y libertades se produjo durante los meses de verano, cuando a colación de las grabaciones del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la policía entró, sin orden judicial, en la redacción del diario Público.
 
Anteriormente, el ministro de Justicia, Rafael Catalá ya intentó frenar determinadas actitudes ‘molestas’ de los medios de comunicación proponiendo “sancionar” a aquellos medios que informasen, mediante filtraciones, sobre casos que están bajo investigación judicial.
 
De hecho, el juez Arturo Zamarriego prohibió este mes de diciembre al diario El Mundo informar sobre el caso ‘FootballLeaks’. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información también recoge otros asuntos preocupantes que, de alguna manera, han acabado en final ‘feliz’ para sus protagonistas, como los casos de los tuits de Guillermo Zapata y el juicio contra Rita Maestre por un supuesto delito contra los sentimientos religiosos. 

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