El sindicato denuncia que más de 2.700 aulas de centros educativos públicos superan las ratios establecidas por la ley. CCOO ha elaborado un informe sobre la situación de la
El sindicato estima que para erradicar este problema de saturación escolar se necesitarían otros 222 grupos y 412 docentes adiciones, y anuncia que si es necesario, y para que se cumpla la normativa, presentarán los correspondientes recursos por vía judicial y además se va a dirigir a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para que se aborde una situación que califican de “emergencia”.
En un comunicado, CCOO explica que el informe presenta un números “demoledores”, ya que “teniendo en cuenta que hay 1.099 centros en la Comunidad de Madrid entre colegios e institutos, estaríamos ante una media de dos grupos y medio por centro que no cumplen la norma”, haciendo notar que además -dado que el estudio ha sido realizado centro a centro con datos recogidos por los delegados sindicales tras las reclamaciones presentadas- “la situación real puede ser incluso peor, debido a la opacidad y falta de transparencia de la Administración en algunos casos o a que algunos centros tienen miedo a las represalias”.
Primaria, la más saturada
El estudio se centra en la situación actual del segundo ciclo de Educación Infantil, la Educación Primaria (enseñanzas impartidas en los CEIP), la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (de las enseñanzas que se imparten en los IES, habiéndose excluido la FP sobre la que se realizará un análisis aparte.
Por etapas, CCOO denuncia que en Educación Infantil existen 747 unidades por encima del ratio legal normativo, lo que supone cerca de un 18% de los grupos totales existentes, y el alumnado “excedente” del ratio legal suma un total de 1224. Por lo que considera se necesitan de, al menos, 49 grupos adicionales para cumplir la norma y 73 maestras/os para atenderlos. Subrayando que las zonas de la Comunidad de Madrid más afectadas en esta etapa son la Oeste, con un 54,46%, y la Sur con 37,76%.
En Educación Primaria la situación empeora, pues según el informe existen 1353 grupos con exceso de alumnado, algo más de un 16% del total, hasta llegar a 2374 alumnos y alumnas. Harían falta 95 grupos más para asumir ese alumnado y 142 maestras y maestros. Una vez más las zonas más afectadas serían la Oeste y la Sur con el 37,84% y el 34,10% respectivamente de los grupos ilegalmente masificados.
En Educación Secundaria Obligatoria han detectado 410 grupos por encima del número de alumnas/os prescriptivo, más del 11% del total de grupos existentes, con un exceso de 1033. Esto supone, en opinión de CCOO; la necesidad de 34 grupos adicionales, sólo para cubrirlos sería necesario aumentar en 86 el profesorado (sin tener en cuenta, por supuesto, la necesidad de revertir los recortes de profesorado de estos años para realizar todas las labores que se han perdido en los centros de refuerzos, desdobles y coordinación y mejorar los horarios). En este caso las zonas más afectadas son la Capital, con un 18,53%, y la otra vez la Sur con un 14,63%.
En las enseñanzas de
Haciendo notar que tiene especial relevancia tiene el caso del Bachillerato nocturno de Madrid Capital donde las cifras son muy impactantes: exceso de ratio en 21 grupos, más del 42%, con un alumnado “excedente” de 568, una media de 27 alumnas/os de exceso por cada uno de esos 21 grupos.
Por aéreas educativas, el sindicato constata que es la Zona Sur la que tiene una mayor saturación escolar con 1.420 aulas por encima del límite legal y un exceso de 2.441 alumnos. Madrid Capital presentaría 549 aulas y un excedente de 2.162 alumnos. La Zona Este 13 aulas con ratio superior a lo legamente fijado y un excedente de 338 alumnos; la Zona Norte presenta 245 aulas con exceso de alumnos y 518 alumnos más de lo marcado por las ratios y la Zona Oeste, 293 clases saturadas u estudiantes y un exceso de 713 estudiantes.
CCOO asegura haber presentado reclamaciones en la Dirección de Área Territorial de la Consejería de Educación oportuna en cada caso, sobre todas estas aulas que incumplen la Ley, sin que «la Administración se haya dignado contestar oficialmente» por lo que anuncia que seguirá reclamando con recursos por vía judicial «si es necesario para que se cumpla la normativa».
