Nueva polémica para Cospedal: le acusan de regalar suelo público a la enseñanza privada

Educación

Nueva polémica para Cospedal: le acusan de regalar suelo público a la enseñanza privada

María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha

Los sindicatos cargan contra la presidenta manchega por querer conceder un terreno público para construir un colegio privado en el municipio toledano de Seseña. María Dolores de Cospedal no gana para ‘disgustos’. La presidenta de Castilla-La Mancha se ha visto sumida en diversas polémicas en las últimas semanas, tanto dentro del PP como en la región que dirige, y que no hacen más que complicarle la carrera electoral. Ahora son los sindicatos los que cargan contra la dirigente ‘popular’ y le acusan de querer regalar suelo público para la construcción de un colegio privado en el municipio toledano de Seseña.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla-La Mancha ha remitido una nota en la que exige a la presidenta manchega que paralice la licitación que convocó en enero para la concesión de dos parcelas en el SAU ‘El Quiñón’ de Seseña para la construcción de un centro docente privado y su explotación por un plazo de 50 años.

El proceso está pendiente de resolución, pero el sindicato quiere detenerlo porque “no parece lógico, ni conveniente, ni ético y ni siquiera estético, que ningún Gobierno regale bienes públicos a menos de dos meses de las elecciones”, dice CCOO en relación a la cita en las urnas del próximo mes de mayo.

La organización arremete contra la Junta por querer “comprometer así el destino de bienes públicos” durante cinco décadas, sobre todo si se tienen en cuenta las noticias que han surgido en cuanto a la ‘trama Púnica’. En este sentido Ismael Díaz, responsable de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de CCOO CLM, ha recordado que “el exsecretario general del PP de Madrid –Francisco Granados– y un amigo suyo constructor cobraban una ‘mordida’ de entre 900.000 y 1,2 millones de euros por cada colegio concertado que ponían en marcha”.

“Con estos antecedentes, no tiene sentido que haya tantas prisas en licitar esas parcelas, sabiendo que el colegio concertado a las que se destinan no se pondría en marcha, al menos, hasta el curso 2016-2017”. Salvo, ha considerado el sindicalista, que haya “un especial interés en dejar atada y bien atada la concesión de suelo público a una entidad privada antes de las elecciones”.

Aunque CCOO no se queda ahí, y también tilda de “sorprendente” que se pretenda acometer este proyecto cuando el número de alumnos de Seseña en los últimos años “no ha crecido de manera importante” y cuando la propia Administración “elaboró el curso pasado una plantilla con cinco unidades educativas menos” en un centro de este municipio.

Para el sindicato, esta iniciativa no atisba más que una “operación” similar a las que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid de la mano también del PP, de forma que “los centros públicos verán disminuidas sus clases y posteriormente desaparecerán algunos de ellos, favoreciendo así el negocio de los centros privados concertados”.

“En lugar de construir centros públicos donde son necesarios, la Administración de Cospedal regala terreno público para que una empresa privada se lucre con esta gestión, tal como se está haciendo en la Comunidad de Madrid”, ha denunciado Ismael Díaz, que cree que la licitación de las parcelas de Seseña en vísperas de las elecciones “nos recuerda cuáles han sido en esta legislatura las prioridades del Gobierno de Cospedal en materia de Educación” y deja claro también “cuál será su modelo en la próxima legislatura”.

El sindicato vaticina que si en mayo gana el PP y accede a la Presidencia de la Junta “no se construirán nuevos colegios públicos, que contarán con menos recursos humanos, materiales y económicos y disminuirán su oferta de plazas; mientras se proporcionará terreno público para la creación de centros privados”.

Impuesto por el comedor

Esta nueva polémica se suma a la otra en la que se vio inmersa Cospedal esta misma semana, también en materia educativa, cuando elplural.com publicó que el Gobierno de Castilla-La Mancha había empezado a cobrar un impuesto ‘revolucionario’ a los padres cuyos hijos usaban el servicio de comedor.

Un dinero, aseguraba este digital, que pese a que la Junta había dicho que se destinaría al mantenimiento del comedor los padres creen que en realidad se usará para financiar el funcionamiento de los centros cuando en realidad esa es una competencia exclusiva del Ejecutivo autonómico y que no deben asumir las familias, y menos aún sólo una parte de ellas, las que llevan a sus hijos al comedor escolar.

Desmentido categórico de la Junta

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha se ha apresurado a desmentir las “insidiosas” acusaciones del sindicato que califica de “categóricamente falsas” y por las que ya estudia incluso emprender “las acciones jurídicas oportunas”, según se recoge en una nota de prensa oficial.

Desde este departamento del Gobierno de María Dolores de Cospedal se atribuye también un “desconocimiento absoluto de la legislación vigente” al sindicato. En este sentido, señala que las parcelas en la zona de El Quiñón en la localidad toledana de Seseña “eran de propiedad municipal”, hasta que el Ayuntamiento las cedió gratuitamente en septiembre de 2013 a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En este sentido, la Junta destaca que “el proceso de adjudicación y ejecución de concesión de uso privativo de instalaciones u obras para la construcción de un centro docente en Seseña se va a efectuar en régimen de concurrencia” de acuerdo a la legalidad vigente. Una circunstancia que es “totalmente compatible” con la titularidad pública del suelo y que el proceso de licitación se abrió en diciembre del mismo año 2013.

Por lo que refiere a las alusiones a la llamada ‘trama Púnica’, la Consejería castellano-manchega denuncia que las insinuaciones de CCOO son “totalmente insidiosas e irresponsables”. Así se subraya que para la concesión “interviene un responsable de la contratación con conocimiento y experiencia contrastada, auxiliado por un órgano colegiado, la mesa de contratación, que está integrada exclusivamente por funcionarios públicos, y un comité de expertos” con el objetivo de garantizar “la objetividad e imparcialidad” del procedimiento, concluye la nota no sin antes hacer hincapié a la “necesidad de escolarización que cada día es superior en la zona mencionada”, de la que destaca que “se está poblando de una manera muy rápida”.

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