130 organizaciones acusan al Gobierno de traspasar “la línea roja” de los Derechos Humanos, la legislación española y todos los tratados internacionales. Un total de 130 organizaciones, entidades y movimientos sociales han entregado un manifiesto en el Consejo de Estado para pedirle que interceda e impida la legalización de las devoluciones a pie de valla de los migrantes interceptados en Ceuta y Melilla, conocidas como ‘devoluciones en caliente’, que se ha introducido en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, en trámite parlamentario.
El manifiesto -que tal como informa Europa Press ya fue entregado a representantes de todos los grupos parlamentarios en el Congreso y al Consejo General del Poder Judicial, expone la preocupación de las entidades por el hecho por el hecho de que se cruce “la línea roja” de los Derechos Humanos, la legislación española y todos los tratados internacionales, pero también por la forma en la que lo ha hecho el Gobierno: mediante una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana sin informe de los órganos preceptivos.
Denuncian estos colectivo que “a pesar del intento del Partido Popular de matizar ahora su enmienda para legalizar las devoluciones (alegando que el rechazo en frontera, solo se llevará a cabo cuando ‘intenten superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos’) la inseguridad jurídica que genera la imposibilidad de que estas personas tengan acceso a un procedimiento no va a generar más que arbitrariedad en la aplicación de la normativa”.
