Hoy, las posibles sanciones al presidente de Pescanova por supuesto uso de información privilegiada en la crisis de la compañía podrían estar más cerca. El expediente abierto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en torno al caso ya ha sido enviado a la Fiscalía General del Estado, de la que dependerá determinar la existencia o no de delitos y las penas correspondientes.
La encargada de anunciar los avances en las investigaciones abiertas sobre Pescanova ha sido Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV. El proceso arrancó hace solo 40 días, lo que supone un tiempo récord para una iniciativa de este tipo según fuentes del mercado. Las dimensiones que ha adquirido el caso y el desconcierto generado en buena parte del mercado parecen haber espoleado el ritmo de trabajo en el organismo supervisor, que en su informe apunta al Artículo 285 de la Ley del Mercado de Valores, en la que se contempla como delito el uso de información privilegiada.
El expediente se remitió a la Fiscalía el pasado jueves, según ha explicado este lunes Rodríguez en el marco del XX Encuentro del Sector Financiero que esta semana se celebra en Madrid. No obstante, y como es habitual, su registro no se produjo hasta el día siguiente: el viernes 19 de abril. Ahora queda en las manos del fiscal analizar la información aportada y dictaminar las acciones y sanciones que estime convenientes de considerar probado el abuso de mercado del que varios accionistas ya han denunciado a Manuel Fernández de Sousa, presidente de Pescanova.
El empresario gallego redujo su participación en la compañía a la mitad de lo que figuraba en su última comunicación a la CNMV en los meses previos a la quiebra de Pescanova. Así, pudo mantener en el consejo de la cotizada cuatro asientos cuando solo le correspondían ya dos y aprobar iniciativas tan polémicas como la solicitud de concurso voluntario de acreedores. En este sentido se entiende que la documentación remitida a la Fiscalía tenga “un componente jurídico importante”, como ha señalado la propia Rodríguez.
Más ventas en silencio
El expediente depositado ante la Fiscalía no es el único procedimiento judicial al que se enfrenta Fernández de Sousa. El sindicato Manos Limpias y un grupo de accionistas minoritarios han presentado sendas querellas contra su persona por la gestión de la compañía y de sus inversiones en ella. A estas dos se podría sumar una tercera de la Aemec, la asociación que representa a los accionistas minoritarios de las cotizadas españolas.
Mientras tanto, se ha conocido que las ventas de acciones no fueron las únicas que el presidente de Pescanova llevó a cabo en secreto. Tras haber negado la venta de cualquiera de las filiales del grupo, finalmente ha reconocido haberse desprendido de varios activos de su filial ecuatoriana Promarisco. En concreto, dos piscifactorías de langostino por 13,8 millones de euros que le habrían aportado un beneficio de medio millón.
Junto al posible uso de información privilegiada que ya investiga la Fiscalía, otras investigaciones y posibles multas pesan sobre el tejado de Pescanova. Vinculado a éste, la ausencia de notificación alguna sobre el cambio de posiciones del presidente y la tardanza en la remisión de las cuentas de 2012, que aún no han llegado en los términos que exige la ley a pesar de las múltiples advertencias de la propia CNMV.
