OHL se juega otros 14 millones en multas por uno de sus proyectos estrella en México

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OHL se juega otros 14 millones en multas por uno de sus proyectos estrella en México

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La auditoría encargada por las autoridades del Estado de México sobre el Viaducto Bicentenario que levantó y gestiona OHL dejan a la luz partidas sin justificar convenientemente. Los usos contables de OHL en México vuelven a levantar polvareda en torno a uno de sus proyectos emblemáticos en el país azteca. Una auditoría de las autoridades locales señala que el proceso de licitación del Viaducto Bicentenario fue legal, pero encuentra discrepancias por hasta 14,3 millones de euros que podría reclamar en forma de multa.
 
Apenas unos días después de conocerse la formulación de una nueva denuncia contra OHL México por parte de una organización patronal del país latinoamericano, la auditoría encargada por Secretaría de la Controlaría del Estado de México a PriceWaterhouseCoopers (PwC) arroja nueva incertidumbres sobre el balance de la compañía. En concreto sobre tres partidas que suman 296 millones de pesos -unos 14,3 millones de euros al cambio- que no están debidamente justificadas en los libros de la autoridad encargada de transportes e infraestructuras del Gobierno mexiquense.
 
El informe reconoce que PwC “ha auditado la legalidad y correcto desarrollo del título de concesión” sobre el referido Viaducto Bicentenario que construyó y opera OHL, sin embargo, también recoge el montante procedente de “estimaciones con generadores insuficientes, los conceptos con discrepancias y las diferencias por ajuste de costos”. Este segundo punto es el talón de Aquiles del informe para la concesionaria que preside Juan Villar Mir de Fuentes desde hace apenas dos meses.
 
Por lo que se refiere a este último punto, que en ningún caso pondría en cuestión la legalidad y buena práctica en la adjudicación de la concesión, se explica que si bien “en las bitácoras de obra [de OHL] se deja constancia de cambios y de trabajos adicionales” sobre el proyecto inicialmente aprobado por las autoridades mexiquenses, en sus libros de cuentas “no se encontró evidencia específica de autorizaciones a esas modificaciones”, que sin embargo fueron finalmente asumidas por las arcas públicas del Estado central del país.
 
Con esta investigación y las posibles multas que se pudieran fijar, quedaría cerrada la polémica que arrancó el pasado 6 de mayo. Entonces la publicación de unas grabaciones entre directivos de OHL México y autoridades del país pusieron en entredicho el buen hacer de ambas partes con respecto a la concesión de la infraestructura y, más especialmente, en cuanto a la fijación de las tarifas de peaje y el cálculo de tráficos registrados en la vía. Desde entonces, las acusaciones por corrupción hacia la española no han cesado, lo que ha supuesto un duro golpe para la cotización tanto de la matriz del grupo en la Bolsa de Madrid como para la filial mexicana en el parqué del Distrito Federal.
 
Los detalles de las partidas discordantes se recogen en un hecho relevante que OHL ha remitido ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, se reconoce la “falta documentación justificativa de las obras realizadas por un monto de 37 millones de pesos”, unos 1,8 millones de euros al cambio. Sobre este capítulo, la cotizada afirma que “pondrá a disposición la información necesaria para aclarar cualquier duda sobre esta cifra”. Igualmente, otra partida de 62 millones de pesos -al cambio, tres millones de euros, que se refiere a “la metodología empleada para la actualización de los precios de los materiales de obra” y que la concesionaria justifica acorde a la legalidad mexiquense vigente.
 
Por último, una partida más “respecto al incremento en la inversión reconocida realizada en el sistema de peaje” que asciende a 197 millones de pesos, unos 9,6 millones de euros. En este caso se justifica que “esta situación fue revisada, solventada y concluida este año” pero que “no fue considerada en el periodo auditado por la Contraloría”.
 
Esta nueva auditoría se suma a la que ya han llevado a cabo firmas como KPMG, Jones Day, FTI Consulting y Ritch Mueller, a instancias incluso del propio consejo de administración de OHL. Es así que, fundamentándose en que PwC “recomienda realizar el reequilibrio del Título de Concesión que reconozca las inversiones realizadas”, la concesionaria considera que “las imputaciones de terceros de las que ha sido sujeto la empresa carecen de todo sustento”, en alusión directa a las reclamaciones que desde hace tiempo vierte contra ella la firma local Infraiber.
 
A pesar de la amenaza de este nuevo desembolso, la compañía se hace con alzas del 1,5% en Bolsa española. Sus acciones se cambian a 2,22 euros, con lo que permanece a buen recaudo la cota de los 2,00 euros por acción cuya pérdida supondría un nuevo tobogán bajista para la matriz del grupo español.

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