El programa político de algunas de las siglas que podrían decantar la balanza de La Moncloa hacia uno u otro color amenaza con la tijera el negocio de muchas firmas del sector. La incertidumbre política que gobierna España ha dado pie al primer consenso de inversión de este nuevo año: alejarse de las utilities. Los cambios en un sentido u otro a los que el sucesor de Rajoy podría someter a la marcada regulación que rige sus negocios hacen a los analistas optar por la cautela en su apuesta por el sector.
Uno de los primeros en dar la voz de alarma fueron los expertos de Goldman Sachs. Desde el gigante estadounidense de la inversión global constaron la “necesidad de una coalición” para a palabra seguida advertir de que la eventual entrada de Ciudadanos o Podemos en el pacto de gobierno “pondría en riesgo” las previsiones que hasta ese momento habían dibujado para el sector de las utilities, empeorándolas en cualquiera de los dos escenarios que presentaban con mucho cuidado de no emitir “una opinión sobre el resultado final de las elecciones”.
En sus programas electorales, ambos recogían como objetivo en el capítulo de políticas energéticas el reducir la remuneración por generación a la hidráulica y la nuclear. En el caso de que los seguidores de Pablo Iglesias entrasen en la combinación gobernante, los analistas de Goldman recordaban también que estos proponían también “reducir los pagos por capacidad” a estas dos industrias, relegadas en su modelo energético en favor de las de generación renovable.
Ante estas previsiones, Endesa se situaba como la más perjudicada, ya que su área de negocio se circunscribe a la Península Ibérica a consecuencia del vaciado de activos internacionales decretado desde la matriz italiana del grupo, Enel. Sus ingresos podrían caer un 5% ante un impuesto de 10 euros por megavatio hora de hidráulica, un 19% en nuclear ante el mismo escenario y un 8% adicional si se elimina el pago por capacidad.
El pronóstico lo comparten, a grandes rasgos, los expertos de Kepler Cheuvreux. Solo dos días después de celebrasen los comicios que dejan el Congreso de los Diputados más fragmentado de la democracia española reciente, los analistas de esta casa rebajaban de forma drástica su pronóstico sobre el sector eléctrico nacional. Endesa, en este caso, pasó de consejo de compra a un simple mantener con un precio objetivo de 17,90 euros por acción de la compañía.
En el caso de estos analistas, los peores pronósticos fueron para Red Eléctrica (REE), el gestor de la red de transporte eléctrico del país. En este caso el recorte fue de comprar a reducir, o lo que es lo mismo: de pasar a animar la compra de acciones de la cotizada entre sus clientes a incitarlos abiertamente a vender las posiciones adquiridas hasta el momento, aunque aguantando cierto peso en cartera a la espera de que se resuelva un difícil encaje político que hace que cada vez más voces apunten hacia la necesidad de un nuevo paso por las urnas.
La voz de cautela frente a los sectores “fuertemente regulados, como el eléctrico o gasista” también la ha dado Gesconsult. El director de gestión de la institución, Alfonso de Gregorio, colocó a las compañías del sector en la cesta de valores sobre la que “los inversores deben extremar la precaución” y que “conviene evitar hasta tener un mayor visibilidad sobre los resultados” de las conversaciones que mantienen los partidos para conseguir el Palacio de la Moncloa.
Ante este escenario, el experto apuntaba a un más que probable escenario en el que “se pospongan las decisiones de compra y se potencie más el ahorro”. Una posibilidad que viene alentada también por el hecho de que el programa político de algunos partidos que han obtenido representación parlamentaria incluyen mayores impuestos para ciertos productos de inversión e incluso la implantación de una tasa a las transacciones financieras -la conocida como ‘tasa Tobin’- con independencia de las negociaciones que hasta la fecha se han venido manteniendo en el seno de la Comisión Europea.
Para acabar de sembrar la incertidumbre en el sector, y más allá de la bajada de precios de suministro que ya ha entrado en vigor con el cambio de año, el sector empresarial reclama una mayor reducción del coste energético. La presión de las grandes corporaciones industriales podría ser también determinante en las primeras decisiones sobre el marco regulatorio de la reforma energética implantada por el todavía ministro en funciones del ramo, José Manuel Soria. En este sentido, un 61% de las firmas industriales consultadas por KPMG en un reciente estudio sobre reclamaciones al Ejecutivo saliente de las elecciones generales apuntaban hacia esta medida como “reto prioritario para impulsar la competitividad industrial del país”.
