Los taxistas piden al Gobierno que sancionen a las VTC nacionales que sigan realizando servicios urbanos

Los taxistas piden al Gobierno que sancionen a las VTC nacionales que sigan realizando servicios urbanos

Las autorizaciones VTC de ámbito nacional no pueden continuar prestando servicios urbanos sin una autorización expresa por parte de la administración regional o urbana competente.

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La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos competentes que sancionen a las VTC que realicen servicios urbanos con autorizaciones de carácter nacional.

Así lo ha comunicado el colectivo tras finalizar, el pasado 30 de septiembre, el plazo que establecía el decreto Ábalos para que las administraciones regionales regulasen el funcionamiento de este tipo de servicios de transporte en suelo urbano.

Tras concluir este plazo, las autorizaciones VTC de ámbito nacional no pueden continuar prestando servicios urbanos sin una autorización expresa por parte de la administración regional o urbana competente.

«El decreto Ábalos establecía este plazo para que las administraciones regionales regulasen sobre los servicios urbanos de estos vehículos. Pasados los cuatro años, algunos gobiernos autonómicos como Madrid, Andalucía y Cataluña han aprobado normas con rango legal que supuestamente habilitarían a las VTC-N para continuar prestando servicios urbanos, pero se trata de habilitaciones que en muchos casos no son adecuadas a Derecho, ni compatibles con las normas estatales», ha señalado el presidente de Antaxi, Julio Sanz.

Por otro lado, ha recordado que la mayoría de comunidades autónomas no ha llevado a cabo ningún acto regulatorio para que las VTC pueden continuar prestando servicio urbano de forma legal, por lo que las administraciones «tanto estatales, como autonómicas y locales, han de estar vigilantes para garantizar que se cumple la ley en este nuevo periodo», ha apuntado.

«En que esta nueva fase, tras el fin del decreto Ábalos, debería primar la claridad, la seguridad jurídica y, en definitiva, la protección del servicio público del taxi, evitando que sigamos, como hasta ahora, conviviendo en la ley de la selva», ha concluido Sanz.

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