Según la norma, explica esta asociación, las VTC podrán circular de forma libre sin regular ni renovar autorizaciones a partir de octubre. Algo que, critican los taxistas, “supone unas pérdidas para la región de unos 200 millones de euros que las empresas de VTC pueden considerar un regalo”.
“La presidenta de la Comunidad”, afirma el presidente de ANTAXI, Julio Sanz, “ha decidido regalar 200 millones de las arcas regionales y, por tanto, de todos los madrileños, a unas pocas empresas multinacionales que, con la revalorización de sus 8.000 autorizaciones VTC y la falta de regulación a partir de octubre, se van a enriquecer a costa de los ciudadanos”.
De acuerdo a las estimaciones de la asociación, la suma del incremento de valor de las autorizaciones de VTC que actualmente circulan en Madrid, cifrada en unos 30.000 euros por cada una, junto con los ingresos que este organismo deja de percibir por la creación de licencias urbanas, llegarían a un total de unos 200 millones en pérdidas.
Sanz ha lamentado que el Ejecutivo madrileño no haya aprovechado la oportunidad de regular e implementar mejoras para la ciudadanía a través, por ejemplo, de un concurso público a las empresas más respetuosas con el medio ambiente o con mayor oferta de servicios.
Asimismo, desde ANTAXI recriminan a otros partidos políticos, como Vox, “que jugasen con los intereses del sector” los días previos a la votación de esta ley en la Asamblea de Madrid para después abstenerse. “Dicen estar del lado de los autónomos y del ciudadano, pero cuando toca proteger a los autónomos del sector del taxi y a los madrileños, se esconden bajo sus propios intereses y permiten que el PP continúe gobernando para los intereses de algunas empresas”, ha asegurado Sanz.
“Si realmente le preocupase la competencia y un mejor servicio para los ciudadanos, hubiese regulado con autorizaciones urbanas otorgadas a aquellas empresas con vehículos menos contaminantes o con mejores condiciones para los clientes”. Sin embargo, destaca Sanz, “esto es una muestra más de que lo únicamente importante para la señora Ayuso es el beneficio de unas pocas multinacionales con las que comparte intereses”.
ANTAXI avisa en una nota que esta denuncia supone la primera medida legal que la asociación del sector mayoritaria a nivel estatal va a llevar a cabo contra esta ley. Y es que, la asociación ha anunciado que realizarán las acciones legales necesarias para que norme no quede impune al pretender acabar “con un sector del que dependen más de 25.000 familias”, ha asegurado Sanz.
