La organización representativa de los taxistas en España, Fedetaxi, ha solicitado este jueves una reunión con la ministra de Empleo, Fátima Bánez, para que el Gobierno tome medidas para modificar la actual regulación y llevar a cabo “una profunda inspección de las relaciones laborales que mantienen con sus empleados plataformas como Uber y Cabify, cuyo modelo de negocio descansa sobre la precariedad laboral”.
“No nos podemos permitir como país ni como sociedad la vuelta de tuerca que supone la sustitución de trabajadores autónomos por precariado”, asegura Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi.
La organización representativa de los taxistas en España prepara en estos momentos una denuncia contra el “dumping social” del que acusan a Uber y Cabify con las condiciones laborales de los conductores contratados por las empresas. Según su denuncia, estas empresas especulan con las autorizaciones VTC incrementando su precio de 40 a 60.000 euros.
Con independencia de esta cuestión, a juicio de Fedetaxi, el modelo de negocio de las citadas aplicaciones “controla decisivamente los factores económica y socialmente relevantes del servicio de transporte urbano ofrecido por dichos conductores”. Por tanto, estas características de dependencia implicarían la relación laboral directa de los conductores de las VTC con las citadas multinacionales.
Fedetaxi considera “sin ningún tipo de duda” que las relaciones entre conductores y plataformas están sujetas a la legislación laboral española, por lo que solicita en su misiva a la ministra Báñez que el Ministerio actúe. “Empleo debe empezar a considerar actuar tanto para modificar la actual regulación como para llevar a cabo una profunda inspección de estos sectores de actividad”, asegura Leal.
Fedetaxi recuerda que Reino Unido y Alemania, o en el Estado de California, las autoridades han reconocido la vinculación laboral de los conductores con las plataformas, y otros casos como las recientes investigaciones a la plataforma Deliveroo enmarcan un contexto de serias dudas sobre el adecuado cumplimiento de las normas laborales del modelo de negocio sobre el que descansan estas empresas, así como de la precarización que arrastran.
