“El incomprensible y despótico desprecio de los responsables del Ministerio de Justicia por la negociación colectiva y por las reivindicaciones del colectivo ha alcanzado límites que no son tolerables en democracia y que deben ser atajados por el propio presidente del Gobierno”. Así arranca el comunicado de CCOO, UGT, CSIF y STAJ, que cargan contra la ministra Pilar Llop, a la que recriminan su “absoluta desaparición” en este conflicto.
Asimismo, critican “expresiones como el ‘ya saldrán’, referidas al encierro del comité de huelga durante cuatro días en la sede del Ministerio de Justicia o el hecho de que estuviera en Luxemburgo hablando de derechos humanos mientras tenía sin comer a cinco ciudadanos en la sede de su Ministerio”. También denuncian “la espantada y bravuconería del secretario de Estado de la primera y única reunión que ha convocado en siete semanas de huelga, y sus acusaciones acerca de que se mantenía la huelga porque ‘no se consultaba a las bases’, y que sólo pretendían anular las justas y legítimas reivindicaciones de los trabajadores/as…”.
Los sindicatos señalan que “miles de trabajadores y trabajadoras de Justicia” han participado en las asambleas que se han celebrado y han acordado mantener la huelga indefinida que se viene desarrollando desde el pasado 22 de mayo. Además, se va a “incrementar” las movilizaciones.
Hoja de ruta de los funcionarios
En concreto, anuncian nueva manifestación en Madrid en la última semana de este mes y otra en plena campaña electoral. A esto se sumarán “actos reivindicativos para hacer visible el conflicto en precampaña y campaña electoral, para que se impulse la inmediata recuperación de la negociación”. También adelantan que van a “intensificar” los contactos con los partidos “para que defiendan nuestras reivindicaciones exigiendo al Gobierno a que retome la negociación y, en su caso, asuman en la nueva legislatura los posibles acuerdos que pongan fin a la huelga”.
Por último, las organizaciones sindicales inciden en su denuncia de “clasismo”, “discriminación” y “comportamiento antisocial” del Ministerio de Justicia, “que están permitiendo el Gobierno y su presidente, y exigimos nuevamente la convocatoria inmediata de negociaciones para poner fin a este conflicto”.
