Los exministros del PP Gallardón y Catalá apoyan la nueva LeCrim pero piden garantizar la independencia de los fiscales

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (centro) y los exministros Alberto Ruiz-Gallardón (i) y Rafael Catalá (d)
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Los ex ministros de Justicia del PP Rafael Catalá y Alberto Ruiz Gallardón han expresado este miércoles su apoyo «incondicional» al anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), aprobado el pasado mes de diciembre por el Gobierno, si bien han reclamado al mismo tiempo un cambio en el sistema de designación del fiscal general del Estado para garantizar la independencia de los fiscales, a los que se encomienda la instrucción penal.

Así lo han expresado en el primer coloquio del ciclo formativo ‘El nuevo proceso penal’, organizado este miércoles por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), en el que también ha participado el actual ministro, Juan Carlos Campo. Los tres han coincidido en que la actual LeCrim es un modelo agotado y que, por eso, desde los tiempos de Francisco Caamaño se ha intentado buscar un nuevo modelo. «Seguramente es el proyecto en materia de Justicia más largamente diferido», ha dicho Catalá.

Campo ha explicado que «la LeCrim actual es una ley potente, de esas bien hechas, que ha aguantado 140 años», aunque con 77 modificaciones, pero que «ya no aguanta más». Por un lado, ha apuntado a la necesidad de cumplir con el rol que la Constitución da al fiscal, para promover la acción de la Justicia, y al juez, para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y, por otro, ha señalado a las exigencias de la futura Fiscalía Europea, que contempla esos mismos roles.

Gallardón ha declarado que apoya «incondicionalmente» este modelo, que también se trabajó durante su etapa como ministro de Justicia, mientras que Catalá ha abogado por buscar «el consenso de las fuerzas políticas». «Yo creo que este proyecto debe contar con el consenso de PSOE y PP. No entendería que fuera de otra manera», ha afirmado, aunque se ha mostrado consciente de que «la coyuntura política no es fácil para generar un consenso estratégico y necesario».

«NO PUEDE SER UNA LEY DEL PSOE»

Campo ha coincidido con Catalá y Gallardón en la necesidad de que haya acuerdo político. «Esto no puede ser una ley del PSOE, o de tal o cual partido, no. Tiene que ser una ley de todos porque es una ley transformadora que afecta a la vida de los ciudadanos», ha defendido.

En este sentido, ha vuelto a recalcar que «el ministerio tiene la primera palabra», tras la aprobación del anteproyecto de ley, pero que «la última palabra la tenemos que poner entre todos, porque tiene que ser un modelo para todos», aludiendo también a los operadores jurídicos y sociales.

No obstante, ha mencionado igualmente como «reto» generar «el clima de sosiego necesario para poder hablar en términos técnicos de una ley donde todos respetemos los principios».

CÓMO DESIGNAR AL FGE

A pesar de su apoyo a la nueva Lecrim, tanto Gallardón como Catalá han identificado como otro de los «retos» para su puesta en marcha restaurar la imagen de la Justicia. «La opinión pública está convencida (…) de que los jueces no son independientes y de que los fiscales hacen lo que dice el Gobierno, y no es así pero está en el imaginario colectivo», ha lamentado Catalá.

Frente a ello, ambos han demandado una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, en concreto, del sistema de designación del fiscal general del Estado. Gallardón ha propuesto que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputado que debe hacer el candidato sean, «además de preceptivos, vinculantes» para que la decisión «real» no recaiga solo sobre el Gobierno.

Campo ha estado de acuerdo en que «hay que reforzar» la autonomía del Ministerio Fiscal antes de poner en sus manos la instrucción penal, recordando que el propio anteproyecto de ley recoge en su preámbulo que en el primer año después de ser aprobada la ley hay que reformar su Estatuto Orgánico. «Tenemos que hacer que ese imaginario colectivo cambie», ha admitido.

Sin embargo, el ministro no se ha pronunciado sobre la necesidad de cambiar el actual sistema de designación del fiscal general del Estado. «El Consejo de Ministros ha querido abrir un documento muy completo a debate y, por tanto, si yo me pronuncio sobre cualquier extremo, estoy condicionando», ha contestado en declaraciones a la prensa en el marco de dicho acto.

Además, ha destacado que «el sistema de elección del fiscal general está establecido constitucionalmente» y «el propio Estatuto ya establece mecanismos de resorte para la independencia y autonomía de cada fiscal, independientemente considerado». En cualquier caso, ha resaltado que «la nueva LeCrim establece unos mecanismos de trabajo distintos», por los que se pasa del trabajo de un fiscal a un equipo de fiscales.

«Insisto, no consiste en adelantar, sino de una manera sosegada buscar la mejor fórmula para que la promoción de la acción de la Justicia, que ese es el papel que tiene el Ministerio Fiscal constitucionalmente asignado, lo pueda realizar con plenas garantías y la confianza de la ciudadanía», ha zanjado.