Los críticos con el impuesto a banca y energéticas: «Atenta contra el principio de igualdad y compromete la seguridad jurídica»

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Los críticos con el impuesto a banca y energéticas: «Atenta contra el principio de igualdad y compromete la seguridad jurídica»

Los nuevos impuestos a banca y energéticas echarán a andar en el Congreso en medio de las críticas de BusinessEurope, Fedea e IEE, entre otros.

Billetes euro

Billetes de euro

La patronal europea BusinessEurope ha pedido a las principales autoridades comunitarias que eviten la imposición generalizada entre los Veintisiete de impuestos especiales sobre los beneficios de las empresas eléctricas y la banca.

“La UE debería evitar imponer nuevas cargas a las empresas y centrarse en cómo adaptar rápidamente sus políticas a la nueva realidad”, ha subrayado el director general de BusinessEurope, Markus Beyrer, en una carta remitida la semana pasada al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), al Eurogrupo y a la Comisión Europea.

La patronal ha expresado su preocupación por las iniciativas nacionales y ha asegurado que las empresas están centradas en encontrar soluciones para lidiar con las consecuencias de la guerra en Ucrania y a las restantes interrupciones de suministro relacionadas con la crisis del Covid. Las políticas europeas «deberían ayudar a traer estabilidad y apoyar el crecimiento sostenible y el empleo», ha defendido la asociación empresarial.

En este sentido, BusinessEurope advierte de que estos impuestos extraordinarios, también los propuestos por la Comisión Europea, pueden distorsionar el mercado a largo plazo y podrían afectar a la capacidad de algunos generadores de electricidad para realizar las inversiones necesarias porque los inversores exigirían una mayor prima de riesgo.

La patronal europea considera, además, que habrá dificultades para identificar los beneficios «excesivos» en los precios altos de la energía, y que se tendrá que estudiar una metodología clara a escala comunitaria. “Esta metodología también debería tener en cuenta los impuestos sobre los beneficios existentes a nivel nacional, que ya tienen un efecto amortiguador sobre los beneficios por naturaleza”, añade.

“La UE debería evitar imponer nuevas cargas a las empresas y centrarse en cómo ajustar rápidamente sus políticas a esta nueva realidad. La mejor manera de construir una economía resistente y minimizar los riesgos económicos tanto para las empresas como para los ciudadanos europeos es reforzar el mercado único europeo y desarrollar una agenda de crecimiento proactiva que apoye la competitividad de las empresas europeas», asegura BusinessEurope.

FEDEA: ATENTAN CONTRA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD

También la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha criticado la “arbitrariedad” de estos nuevos impuestos que, en su opinión, atentan contra el principio de igualdad y comprometen la seguridad jurídica.

Según Fedea, sentarán dos precedentes muy preocupantes: asignar “a dedo” impuestos a sectores concretos “de cuantía muy significativa” e “interferir con el libre funcionamiento de empresas y mercados para intentar prefijar por ley el reparto efectivo de la carga de un impuesto (o cualquier otra partida de coste) con independencia de las condiciones de mercado, que son las que generalmente determinan la incidencia real de tales shocks en una economía no planificada”.

Fedea reprocha, además, que se tramite como Proposición de Ley en lugar de Proyecto de Ley para evitar la elaboración de informes sobre su legalidad y sus efectos de aplicación por parte de Competencia o el Consejo de Estado.

IEE: “ILEGAL Y DIFILMENTE CONSTITUCIONAL”

A este respecto, el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, indicó este lunes que “hay muchos argumentos” para considerar que el impuesto a las entidades financieras de crédito es “ilegal y difícilmente constitucional”.

Fernández de Mesa destacó que el procedimiento de introducir el tributo a través de proposición de ley “supone un potencial fraude”, puesto que “se elude la consulta pública” y subrayó que “es destacable la falta de informes del Banco de España y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Asimismo, indicó que a pesar de definirse como una prestación pública patrimonial no tributaria es “en realidad” un impuesto ya que “tiene todos los atributos”. A este respecto, Queralt indicó que buscando evitar la calificación como impuesto “ha pretendido eludir los lindes constitucionales como del derecho comunitario”.

EL PP VOTARÁ EN CONTRA

El Congreso inicia este martes la tramitación del impuesto temporal a las energéticas y la banca. El PP ya ha adelantado que votará en contra porque vaticina “que acabará siendo pagado por los ciudadanos”.

En estos términos se ha pronunciado el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, donde ha explicado las líneas generales del plan energético de su partido y fue preguntado por esta medida, que será sometida a votación este jueves en el Congreso de los Diputados.

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