Estas firmas aseguran que es «fundamental poner fin a los IDSD y a otras medidas similares, pues suponen un «perjuicio sustancial para el crecimiento económico, la inversión, la innovación y el empleo».
Además, las empresas firmantes sostienen que las tecnológicas europeas se ven «desproporcionadamente afectadas» por el IDSD, lo que limita su capacidad de competir y expandirse respecto de sus homólogas en el resto del mundo. Según advierten, los precios de sus servicios «podrían subir, ya que las empresas podrían verse obligadas a repercutir estos costes. Las empresas que no puedan hacerlo podrían sufrir graves dificultades financieras».
En su exposición de motivos, estas aducen que la ‘tasa Google’ incide en mayor medida en las compañías que se encuentran en las primeras fases de crecimiento, «sobre todo a las que aún no son rentables y a las que tienen márgenes bajos».
El IDSD, afirman, es un «instrumento político contundente destinado a las empresas grandes y rentables», si bien grava los ingresos brutos en vez de los beneficios, algo que crea «desigualdad de condiciones».
Asimismo, consideran que el citado impuesto da lugar a instancias de doble imposición, pues los ingresos acaban sujetos al impuesto de sociedades, al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y a otras «medidas fiscales unilaterales en la misma u otras jurisdicciones».
Por otro lado, las tecnológicas avisan que el IDSD «da lugar a tensiones comerciales» que podrían derivar en represalias por parte de otros países y más arbitrariedad.
A su vez, impuestos de este tipo «corren el riesgo de proliferar», multiplicando estos efectos perjudiciales para las empresas, especialmente, en el caso de no alcanzarse un consenso sobre el ‘Primer Pilar’ que se está negociando en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para una futura reforma fiscal mundial.
Estas compañías piden que, hasta que se aplique este ‘Primer Pilar’, se prorrogue «el acuerdo de ‘statu quo’ sobre el IDSD más allá del 31 de diciembre de 2023» con el fin de «proporcionar seguridad jurídica y fiscal».
Aun así, «animan» a todos los Gobiernos que recauden impuestos en virtud de los actuales a que dejen de hacerlo «inmediatamente» si se llegase a un acuerdo en julio.
Las empresas que rubrican la carta son Adevinta, AirHelp, Allegro, Booking.com, Catawiki, Criteo, Delivery Hero, Glovo, Just Eat, Schibsted, Spotify, Trustpilot, Vinted, Wolt y Zalando.
