La noticia de la concesión de las obras llega ya tarde en muchos casos. Manuel Lapeña, hijo de uno de los hermanos Lapeña, ya no podrá llegar a ver los osarios de su padre, ya que ha perdido la memoria. “Ya no lo contará, es algo terrible”, denuncia Silvia Navarro de la Asociación de familiares para la exhumación de los republicanos del Valle de los Caídos. La familia de Lapeña es una de las integrantes de su asociación. “Son auténticos resilientes que están peleando por llegar a ver este tema. Un mes para un señor de 99 años es como diez años para el resto”, destaca.
Dentro de la asociación de Navarro, 17 familias han recibido la noticia de la exhumación de sus familiares. Actualmente, se va proceder a recuperar los restos de 62 personas inhumadas en el Valle de los Caídos, pero tanto Navarro como Silva coinciden en que aparecerán nuevas peticiones. “Hay muchas personas que no lo pedían porque no lo veían posible”, remarca Emilio Silva. Además, considera que ha sido un problema la falta de transparencia de patrimonio sobre quienes están allí enterrados. A pesar de ello, a la asociación de familiares del Valle de los Caídos les han comenzado a llegar más de cuatro consultas el mes sobre el tema.
Las 62 personas que van a ser exhumadas son la punta del iceberg. En el Valle de los Caídos se encuentran aproximadamente 33.000 restos humanos, aunque según Silvia Navarro podrían ser muchos más: “Cuando llegaban los transportes al valle, los monjes benedictinos contaban cráneos. Entonces puede haber más personas porque no siempre llevaban las calaveras”.
Reparo ante la subvención concedida a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos
La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue creada por el dictador Francisco Franco en 1957 y es la encargada de gestionar el valle. Con la llegada de la democracia pasó a ser intervenida por Patrimonio Nacional, ente del que depende actualmente. Esta Fundación ha recibido la subvención de 665.000 euros para comenzar los trabajos de exhumación. Sin embargo, tiene previsto desaparecer por la futura ley de Memoria Democrática del Gobierno.
“Es una forma de hacer las cosas que humilla a las familias. Ahora tenemos que depender de una fundación con origen franquista”, lamenta Silvia Navarro. Desde su asociación piden que se realicen los trabajos con un mecanismo más neutral.
Por su parte, el Gobierno, en declaraciones a Europa Press, recordaba que actualmente la fundación es la titular del Valle de los Caídos y que, por tanto, le corresponde la ejecución de las obras.
Un largo camino para las familias
La primera vez que las familias solicitaron recuperar a sus allegados fue en el año 2009. “Además, solicitamos una subvención de las convocadas por el gobierno de Zapatero para comenzar los trabajos”, recuerda Navarro. Sin embargo, en dos ocasiones les denegaron esta opción. “El proceso se ha complicado mucho al no existir un procedimiento tasado para la solicitud de las exhumaciones”, complementa. Para la Asociación de familiares para la exhumación de los republicanos del Valle de los Caídos es una victoria que finalmente se vaya a hacer cargo el estado.
Desde mayo de 2021 se han comenzado a tomar muestras de ADN a las familias para poder facilitar la posterior identificación, pero el proceso se está alargando. “Todavía estamos reclamando que se tomen muestras a personas muy mayores que tienen un alto riesgo de no seguir acompañándonos en mucho tiempo”, demanda Silvia Navarro. Según ella, de las 17 familias de su entidad, se habrían tomado muestras de 10.
“Durante muchos años nos han enseñado las peores imágenes del Valle de los Caídos”
Para la Asociación de la para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) solo se han sumado 62 familias a la exhumación porque existe la creencia popular de que acceder a los osarios es una labor complicada. “Durante muchos años nos han enseñado las peores imágenes del Valle de los Caídos. Las de los huesos amontonados”, alude Emilio Silva de la ARMH. Esta acción la califica de decisión política para desanimar a los familiares.
Silvia Navarro coincide con Silva al respecto: “No querían que este proceso siguiera adelante. Lo que pasa es que no se dan cuenta de que no era un simple capricho. Es solucionar las cuentas pendientes de muchas familias con su historia”.
